“Parece mentira que con tantos estados y con tantas regulaciones legales, en 2025 haya personas que no tengan nacionalidad. Pero, efectivamente, las hay”, resalta Javier Canivell Fradua, director general de Zehar-Errefuxiatuekin, cuando se le pregunta sobre la situación de las personas reconocidas como apátridas.
En 2024, sin ir más lejos, se presentaron 2.084 solicitudes para el reconocimiento del estatuto de apátrida en el Estado, lo que supone un 86,4% más que las de 2023. A 419 que se la concedieron figuran en el último censo de Vitoria.
Y aunque puede parecer “algo trivial”, en el fondo no lo es, “porque si nos paramos a pensar, buena parte de nuestras relaciones con el Estado y de nuestros derechos ciudadanos, se vinculan a la nacionalidad. Pero quien llega aquí, sin ninguna, no tiene un pasaporte, una tarjeta de la identidad de su país... No tiene, a esos efectos, prácticamente nada”.
Ventajas
Así que las ventajas de que a una persona se le declare como tal son, entre otras, “que se le reconozca un estatuto legal, y que se le dote de un documento que le permite viajar y una tarjeta de residencia, que autoriza a trabajar y vivir en España”.
Los procedimientos para ello, comienzan rellenando una solicitud, que hay que presentar ante la Oficina de Asilo y Refugio. Un proceso que puede durar ”un año y medio o dos, fácilmente”.
Asociaciones, como la de Canivell, acompañan en la tramitación de este procedimiento, que “es muy técnico y muy casuístico... Porque normalmente ser apátrida significa un conflicto de leyes. Por ejemplo, aquí el 99%, por no decir el 100%, son de personas saharauis, de los campamentos de Tinduf”.
El Estado español les dota de una nacionalidad, de una documentación y de una autorización de residencia durante cinco años iniciales, prorrogables por cinco, “que van a mantener porque realmente lo del Sáhara es por un conflicto internacional y hasta que no se reconozca como país, no se va a solucionar esto”.
Reivindicaciones
En cuanto a lo que se podría mejorar, “claramente”, reivindica que pudieran trabajar durante ese procedimiento porque “las personas solicitantes de protección internacional, pasados seis meses pueden trabajar, pero los saharauis no pueden hacerlo”.
Otra posibilidad, que sería deseable, “es que se redujeran los plazos para solicitar la nacionalidad española, para no esperar diez años por residencia legal”.
