La consejera de Justicia y DDHH: “No podremos ser solidarios si no entendemos que la misma injusticia cometida en otros países se cometió también aquí”

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José ha asegurado hoy que “la ciudadanía y las instituciones vascas no podremos ser plenamente solidarios con los demás si no somos capaces de leer que la misma injusticia cometida en otros países se cometió aquí”, al tiempo que ha reiterado la intención del Departamento que dirige de “apoyar a las víctimas y salvaguardar su derecho a una reparación justa del sufrimiento vivido”.

San José ha intervenido hoy en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Víctimas del Terrorismo que se está celebrando, entre hoy y mañana, en Vitoria, bajo el lema ‘La educación como herramienta para la prevención, la construcción de la paz y el empoderamiento de las víctimas del terrorismo’ con la presencia de expertos y asociaciones de víctimas de todo el mundo. En concreto, se ha dirigido al plenario del panel ‘Acción institucional para garantizar que las víctimas y supervivientes obtengan sus derechos y sean apoyados en sus necesidades’, moderado por la directora general de Víctimas del Terrorismo del Ministerio de Interior, Montserrat Torija.

En su intervención, la consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos ha mostrado su agradecimiento por la elección de Euskadi para celebrar esta conferencia, y es que “lamentablemente aquí sabemos lo que significa el drama del terrorismo. Han sido muchos los ataques a nuestra convivencia, hemos conocido diferentes organizaciones terroristas, así como la lacra de los abusos y torturas cometidos pretendidamente en combate”. Por ello, ha añadido, “sabemos que el uso del terror para la imposición de un proyecto político arrastra a la fractura social, al dolor y a un reguero de víctimas, todas ellas merecedoras de memoria, reparación y justicia”.

Integrar a las víctimas en las políticas

En este sentido, ha reconocido que la sociedad vasca “está comenzando a gestionar las heridas que nos dejaron cinco décadas de terrorismo, de dolor y lágrimas, medio siglo marcado por el miedo, las amenazas y los asesinatos, años que nos han dejado una marca que tardará generaciones en desaparecer”. Sin embargo, ha asegurado que “es mucho lo que la acción institucional puede hacer en este camino”. Es intención del departamento que dirijo, ha insistido, “apoyar a las víctimas y salvaguardar su derecho a una reparación justa del sufrimiento vivido, y no limitar su papel al de un receptor pasivo, sino escucharlas e integrarlas como palanca de todas las políticas que les conciernen”.

Asimismo, ha apostado por “acoger su experiencia como una contribución positiva de una educación para la paz, porque la ciudadanía y las instituciones vascas no podremos ser plenamente solidarios con los demás si no somos capaces de leer que la misma injusticia cometida en otros países se cometió también aquí”.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos ha señalado que todo ello debe hacerse desde “el firme compromiso con una memoria deslegitimadora y crítica con los victimarios, una memoria que huya de sectarismos y negacionismos, que ofrezca herramientas a la ciudadanía para recomponer sus vivencias del terrorismo asumiendo un principio básico: matar estuvo mal y fue injusto con las víctimas”.

Memoria, verdad y reparación

San José ha expresado su deseo que de que el silencio no forme parte de nuestra herencia a las nuevas generaciones. “Esa es la memoria, la verdad y la reparación que merecen las víctimas y las futuras generaciones para que nunca más vuelva a repetirse”, ha afirmado. “Hoy, cuando los discursos de odio vuelven a extenderse por Europa, debemos mandar un mensaje alto y claro a la ciudadanía: sabemos que ese camino es estéril, solo arrastra al dolor, al miedo y a la muerte”.

La consejera ha concluido su intervención asegurando que el País Vasco “está comprometido con la convivencia y mira con esperanza al futuro”. Tenemos una sociedad, ha resaltado, que “construye su memoria cimentada en el respecto a los Derechos Humanos y los valores democráticos para una convivencia basada en el reconocimiento del error que supuso asesinar, extorsionar o torturar”.