La Blanca se encuentra a la vuelta de la esquina y los diferentes espacios que acogerán el programa festivo comienzan a tomar forma en Vitoria. Es el caso de las txosnas, cuyo montaje ya está en marcha sin que la polémica ni las incógnitas en torno a la implantación del TicketBai en el recinto universitario se hayan disipado todavía.
El diputado general de Álava, Ramiro González, confió este martes en que los colectivos que integran la Comisión gasteiztarra activen durante las inminentes fiestas el sistema de cobro si están obligados a ello e insistió también en que el ente foral cuenta con recursos para vigilar y, si se dan las circunstancias, multar a quienes no se ajusten a las exigencias legales.
“Para la tranquilidad del conjunto de la sociedad alavesa, la Diputación dispone de medios para comprobar el cumplimiento de la normativa y para expedientar y para sancionar” a quienes no lo hagan, resumió el máximo mandatario foral tras la reunión semanal de su gabinete.
En el caso de las txosnas, solo las públicas y las que no tienen ánimo de lucro pueden librarse de la implantación del sistema
Reunión el pasado miércoles
González detalló que la reunión anunciada entre la Diputación y la Comisión de Txosnas a cuenta de la instalación del TicketBai en el txosnagune tuvo lugar finalmente el pasado miércoles por la tarde.
En ella, tal y como explicó el diputado general, Hacienda asesoró a la organización que gestiona el espacio sobre la puesta en marcha del sistema de facturación digital e informó también al colectivo sobre los supuestos de exención y el procedimiento que hay que seguir para acreditarlos.
En el caso de las txosnas, solo las públicas y las que no tienen ánimo de lucro pueden librarse de la implantación del sistema, aunque justificándolo previamente ante el propio ente foral.
“Para la tranquilidad del conjunto de la sociedad alavesa, la Diputación dispone de medios para comprobar el cumplimiento de la normativa y para expedientar y para sancionar”
“Le corresponde a cada contribuyente presentar la documentación para justificar su exención”, recordó el diputado general de Álava, quien no dio detalles sobre cuántas txosnas pueden encontrarse en esta situación o si han dado los pasos para librarse del TicketBai.
Aunque advirtió: “Llevamos mucho tiempo hablando de este tema y cada vez quedan menos días” para hacerlo. La norma establece una posibilidad de sanción de 20.000 euros, según deslizó el responsable foral.
“Yo solo puedo esperar que se cumpla la normativa”, insistió el diputado general, antes de asegurar que la instalación del sistema de cobro es “sencilla”, “rápida” y “no supone absolutamente ningún problema”, pues basta con utilizar “un simple datáfono”.
“Así lo hacen otras actividades que se desarrollan de manera puntual en el territorio”, según recordó González, poniendo como ejemplo los puestos instalados en la reciente Feria de Santiago.
“De obligado cumplimiento”
“Solo me queda esperar que esas actividades se sujeten a la norma como cualquier contribuyente. Si están sujetas porque lo están y, si no, porque acreditan su no sujeción”, apuntó en otro momento de su comparecencia.
El mandatario insistió en que la instalación del TicketBai es una norma “de obligado cumplimiento” para todos los contribuyentes del territorio, pues fue aprobada por la mayoría de las Juntas Generales de Álava, y desmintió además “por completo” que la institución pretenda acabar con las fiestas populares.
Así lo denunció la semana pasada la propia Comisión, que considera que las txosnas deberían quedar exentas de la aplicación del TicketBai pues su actividad “se basa en el auzolan, no en ganar dinero”.
El colectivo, que incluso amenazó con no instalar las casetas este año si se le exigía implantar el TicketBai, ha convocado una movilización este próximo sábado 3, justo antes de la apertura del espacio, para defender su modelo festivo.
“La exigencia de implantar el sistema no solo nos afecta a las txosnas de Vitoria-Gasteiz. Afectará a los agentes y movimientos que organizan fiestas populares en Euskal Herria o realizan otro tipo de actividades sin ánimo de lucro”, apuntó la Comisión en un comunicado, frente a este “ataque dirigido” que “no puede prolongarse más”.