El plante de las empresas de transporte ha tenido un impacto desigual en el territorio alavés, aunque las familias y el alumnado que reside en zonas menos urbanas lo tuvieron bastante más complicado para acceder a sus centros escolares si no disponían de coche particular o transporte público.
Según los datos provisionales ofrecidos por el Departamento de Educación, el paro afectó en Álava a casi la mitad de los autobuses escolares.
Hubo problemas, por ejemplo, para acceder a centros como Ikasbidea –en Durana–, a otros de cuadrillas como Gorbeialdea –como fue el caso de Izarra– o en la comarca de Ayala.
Tras visitar junto al lehendakari el centro público Txomin Aresti de Leioa ( Bizkaia), el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, reclamó a las empresas que “reconsideren su postura”.
Entretanto, los abogados de la treintena de empresas de transporte escolar que han decidido recurrir la orden del Gobierno Vasco para la ejecución forzosa del transporte escolar en los centros públicos aseguran que “no pueden obligarles a prestar el servicio hasta que no se resuelvan los recursos administrativos” planteados.
Los letrados que defienden los intereses de las operadoras que han decidido recurrir la orden del Gobierno Vasco, Miguel Ángel Zulaica y Guillermo Saiz, explicaron ayer que mientras no se resuelva sobre los recursos, las empresas “no tienen obligación” de prestar el servicio de autobús.
Ahora bien, el Departamento de Educación anunciaba en una nota de prensa que desestimaba las medidas cautelares solicitadas por las empresas de transporte escolar. En el mismo comunicado, el área dirigida por Bildarratz indicaba que “los servicios jurídicos de Educación concluyen que los argumentos jurídicos presentados ante el Gobierno Vasco no cumplen con los requisitos legales para la estimación de las medidas cautelares. Mientras se resuelven los recursos presentados, el Gobierno Vasco recuerda a las empresas la obligatoriedad legal de prestar el servicio de transporte escolar en base a la Orden de ejecución forzosa”.
Previamente, los letrados defendieron que la orden dictada el 1 de septiembre por el propio Bildarratz, y publicada el 5 de septiembre en el BOPV, es “radicalmente nula de pleno derecho e irregular”, al “publicarla en el boletín sin notificarse previamente a las empresas sin ningún tipo de procedimiento ni dar audiencia al interesado”. Los abogados manifestaron “la falta de rigor y argumentación jurídica de la orden” y recriminaron “la dejación” que, a su juicio, ha realizado el Gobierno Vasco, quien podría haber licitado los nuevos contratos “en el mes de abril” y no dejar el asunto “para última hora”.
“El hecho de publicar una orden 48 horas antes del inicio del curso escolar impide que haya habido un margen de organización para que una empresa puede ofrecer el servicio. Cuando hay una decisión de prórroga, la ley exige que se comunique dos meses antes y no dos días antes como han hecho. Es totalmente desproporcionado, incomprensible e ilegal”, expuso Saiz.
Los representantes jurídicos aseguraron que más empresas se sumarán a presentar recursos en las próximas fechas y la problemática tendrá “mayor transcendencia que en la actualidad”. En este sentido, explicaron que las firmas afectadas tienen de plazo hasta el 5 de octubre para presentar recurso administrativo ante el Ejecutivo Autonómico y hasta el 5 de noviembre para acudir al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Sin diálogo
“El Gobierno vasco tiene de plazo un mes para responder a los recursos administrativos, pero si existe silencio administrativo, las empresas pueden presentar recurso judicial hasta 5 de noviembre”, expuso Zulaica, respecto a los plazos. Saiz negó que haya habido “diálogo” con las empresas de transporte escolar. “El pasado año, Bildarratz se comprometió personalmente, en una reunión, a analizar con el sector las circunstancias que rodean a la prestación del servicio del transporte escolar en la CAV, en tanto y cuanto la complejidad de dicho servicio.
Desde entonces no se ha reunido ni con los operadores ni con sus asociaciones para hablar y participar en un concurso de los que pudiera ser viable, tanto a las circunstancias del servicio como a las de los operadores del sector”, le recriminó.
Ante el “silencio” institucional, los abogados declararon que fueron las propias operadoras quienes mandaron un burofax, tanto al lehendakari como al consejero de Educación en junio pasado, “para tratar el tema y que no volviera a ocurrir la misma situación de 2022”. “Los operadores han estado esperando la llamada del Gobierno Vasco y no han tenido respuesta. Posteriormente, el 22 de agosto, se convoca una reunión y se traslada a los operadores el servicio de este año con condiciones concretas y ya entonces ponen sobre la mesa que, si no se aceptan, se va a ir a una ejecución forzosa”, dijeron.
