El contencioso que la corporación alimentaria Aldanondo y la aseguradora Generali mantienen desde hace casi cinco años vivirá mañana un capítulo clave en los juzgados de Vitoria. Tanto que, de resolverse a favor de la primera, la reconstrucción de la quesería arrasada por un incendio en agosto de 2018 podría ponerse en marcha de manera inminente.
Las partes, enfrentadas legalmente desde el siniestro, están citadas a una vista en el Servicio común procesal de ejecución del Palacio de Justicia, que en unos días deberá decidir si Generali tiene que pagar de inmediato a Aldanondo las cantidades económicas que ya ha sido condenada a abonarle en dos instancias previas.
La última fue la Audiencia Provincial de Álava, que en abril de 2022 estableció en casi 20,1 millones de euros –más intereses– el valor real del daño indemnizable a la empresa a resultas del incendio, cuyo carácter fortuito se consideró probado.
A esta cantidad se sumarán otros nueve si Aldanondo ejecuta las obras de sus nuevas instalaciones, un proyecto que la quesería guarda en un cajón desde 2019 a la espera de recuperar el dinero reclamado a su antigua aseguradora, o al menos una parte. La fábrica volvería a levantarse en el mismo lugar donde se ubicaba hasta el fatal siniestro, en el polígono Litutxipi de Agurain, junto a la A-1.
Si el Servicio de ejecución apremia a Generali a proceder al pago de la indemnización, Aldanondo iniciaría la reconstrucción de su factoría “cuanto antes”, según subraya en declaraciones a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA su gerente, Héctor Fernández.
Recuperar la actividad
“Siempre hemos tenido la voluntad de reconstruir, de mantener la fábrica en Salvatierra y los puestos de trabajo, que son tan importantes para la región”, remarca el gestor, antes de asegurar que Aldanondo tiene “muy claro” cómo acometer el proyecto. “Lo único que tendríamos que hacer es recalcular los costes y los tiempos de ejecución”, especifica.
La resolución definitiva del caso está aún en manos del Tribunal Supremo (TS), ante el que Generali interpuso recurso de casación tras la sentencia de la Audiencia de Álava de hace casi un año. Es la última instancia a la que la aseguradora puede recurrir para tratar de reducir o evitar el pago por la cobertura del seguro.
Sin embargo, Fernández se muestra “positivo” porque “la ley es muy clara” y “no hay posibilidad de que Generali se pueda oponer” al pago, si es que así se lo obligan los juzgados de Gasteiz tras la vista de mañana, por mucho que el TS todavía esté pendiente de pronunciarse. “Cuando una sentencia está recurrida pero existe una condena, la ejecución provisional es efectiva”, apunta en este sentido el gerente. El dinero de la empresa de seguros, además, está depositado ya en el Palacio de Justicia de Gasteiz.
Generali ha defendido durante todo el proceso que el incendio fue intencionado pese a que el informe pericial de la Ertzaintza y las diligencias del juzgado acreditaron lo contrario.
En la misma línea que ha mantenido hasta ahora, Fernández denuncia que Generali “ha utilizado los juzgados, actuando de mala fe, con la única intención de no pagar los capitales establecidos en el contrato”. En definitiva, de “llevar a la empresa a la quiebra financiera, de arrinconarla, suponemos que para negociar a la baja”.
Más de 20 millones
Aldanondo reclamará en esta trascendental cita el cobro inmediato de los más de 20 millones más intereses que la aseguradora ya ha sido condenada a pagar y propondrá que los nueve restantes, supeditados a la reconstrucción de la fábrica, se queden consignados en el juzgado para que puedan ser “entregados mediante hitos parciales, a medida que se va a realizando la obra”.
En cuanto cobre, la reconstrucción podría ponerse ya en marcha, según insiste Fernández. “Supongo que, en cuanto a la obra civil, no habrá ningún problema en empezar a realizar las obras en la parcela. Pero en cuanto a maquinaria, puede que los plazos se demoren un poco, seguramente, por la demanda de materiales que hay ahora mismo, que está complicada”, detalla el gerente.
Las obras, en cualquier caso, no podrían demorarse más de dos años tras la sentencia del TS, que es el plazo legalmente establecido para cobrar los nueve millones condicionados.
Durante todo este tiempo, la empresa ha seguido produciendo sus quesos a muy pequeña escala en el Valle de Roncal para mantener sus marcas en el mercado, con la vista puesta en recuperar pronto su plantilla de trabajadores y su cuota previa al siniestro. Esta ha caído alrededor del 90%, cuando hasta el accidente pasaba por ser la mayor empresa de la Denominación de Origen Idiazabal.
