El pulso que libran el Ayuntamiento de Gasteiz y los propietarios de San Prudencio Sur (sector 17) vivió ayer un nuevo episodio con la celebración de una asamblea abierta en la que arremetieron contra la institución municipal y su propósito de revertir la condición de solares urbanizables en el nuevo plan general.
Se aferra el Consistorio a unos informes jurídicos, del pasado mes de julio, en los que sostiene que no procede indemnización alguna en caso de afrontar una desclasificación. “El Ayuntamiento de Vitoria debe responder con su patrimonio, si desclasifica los terrenos del sector 17”, sostuvo en su discurso Juan Ramón Fernández Torres, catedrático de Derecho Administrativo, presente ayer en la reunión de la Junta de Concertación y responsable del informe sobre la posición de los propietarios de los terrenos ante una eventual desclasificación de sus terrenos.
Rebatió en sus palabras el dictamen municipal, firmado por el profesor Iñaki Agirreazkuenaga, al que tildó de “no aportar razones convincentes” para excluir indemnizar a sus ahora representados. Desglosó en su intervención Fernández Torres cómo, de entrada, los informes emitidos por los servicios municipales “reconocen de forma expresa que el Ayuntamiento ha incurrido en un funcionamiento anormal, que puede generar su responsabilidad”. Defendió el prestigioso especialista en Derecho Administrativo la decisión de la institución municipal de “cambiar su política urbanística y el diseño de ciudad”. Sin embargo debe tener presente que en caso de afrontar ese cambio “debe indemnizar a los propietarios de los terrenos desclasificados que se atuvieron a dicha política y al modelo de ciudad impulsado por aquel y obraron en consecuencia, en la confianza legítima de su desarrollo”, remarcó.
En su discurso ante más de medio centenar de propietarios de los solares, presentes ayer por la tarde en un céntrico hotel gasteiztarra, cargó también contra la institución municipal por no actuar “conforme a derecho al no resolver sobre la aprobación del texto refundido” del proyecto de reparcelación aprobado en 2009 y “negarse a expedir la certificación necesaria para inscribir las parcelas resultantes, pese a las reiteradas peticiones de la Junta de Concertación”, remarcó.
Tres recursos ya presentados
La situación entre propietarios y el Ayuntamiento de Vitoria ha derivado en una interposición de hasta tres recursos presentados ante el Contencioso Administrativo y la firme intención de incrementarlo con un cuarto. Tienen de fecha tope hasta el próximo 29 de noviembre para recurrir la decisión de la junta del pasado mes de junio en la que decidieron sacar a concurso la ejecución íntegra de la urbanización de todo el sector, valorada en más de 30 millones de euros. Los tres recursos ya en marcha se encuentran en diferentes fases y cifró el catedrático madrileño en las “fechas próximas a la Navidad” como plazo en el que los tribunales empezarán a pronunciarse al respecto.
Al término de la asamblea, que rondó la hora de duración, admitió Fernández Torres estar ante un tipo de conflicto “habitual”. En su dilatada experiencia la resolución de estas enconadas posiciones “depende de la voluntad del Ayuntamiento”, aunque deslizó también cómo en casos en los que no se llega a esa situación de buena voluntad pasa a “depender de los tribunales” la resolución final del conflicto. Remarcó durante sus palabras el hecho de que una desclasificación del sector 17 debería llevar aparejada la indemnización y evitó pronunciarse o poner algún tipo de cantidad sobre lo que llegaría a suponer. “Es el texto refundido de la Ley del Suelo de 2015 el que cuantifica el importe de los daños y perjuicios”, sentenció sin querer estipular cifras.
Defensa del ayuntamiento
En la sesión de ayer estuvieron presentes César Fernández de Landa, concejal de Gestión Ambiental, e Izaskun Iriarte, directora del Departamento de Territorio, escuchando desde las primeras filas de la sala los planteamientos de los propietarios. Al término del discurso del especialista en Derecho Administrativo, tomó la palabra Fernández de Landa para exponer en un documento de siete puntos la posición de la institución y pedir que se adjuntara al acta. En los distintos artículos, remarcó el edil la actuación del Ayuntamiento, en todo momento, “en el ejercicio de la función pública urbanística y sometimiento al interés público y general”, enmarcó. Atacó también a la Junta de concertación por no haber trasladado sus observaciones a los informes jurídicos municipales y por “adoptar decisiones sin la transparencia que ha de regir un órgano administrativo”. l
Las frases
Juan Ramón Fdz. Torres “el cambio en la política urbanística y el diseño de la ciudad supone indemnizar a los propietarios de terrenos desclasificados”
El reconocido experto en Derecho Administrativo arremetió contra los informes jurídicos municipales que desestiman cualquier indemnización a los propietarios del sector 17. Ese dictamen municipal no aporta “razones convincentes”.
César Fdz. de Landa “El ayuntamiento ha actuado en el ejercicio de la función pública y sometido al principio de interés público y general”
El concejal de Planificación y Gestión Ambiental estuvo presente en la junta de ayer, defendiendo todos los pasos dados por la institución municipal en este asunto y achacando a la junta “adoptar decisiones sin la necesaria transparencia”, espetó.
