Un cuarto acusado de pagar por tener sexo con menores tutelados por la Diputación de Álava ha reconocido los hechos tras ratificar en la vista de este miércoles el principio de acuerdo alcanzado el lunes con las acusaciones, lo que podría suponer para él una pena de 5 años y medio de cárcel.

Este procesado se une a los tres que este lunes pactaron con las acusaciones una reducción de sus penas a cambio de reconocer su culpabilidad, en el arranque del juicio por estos hechos que se celebra en la Audiencia de Álava contra un total de diez hombres.

Estos tres procesados aceptaron penas de cárcel que van de 1 a 13 años tras reconocer haber pagado por tener relaciones con menores, mostrar su arrepentimiento, pedir disculpas a las víctimas y comprometerse a no reincidir.

Corrupción de menores

En la sesión de hoy un cuarto acusado ha admitido la comisión de dos delitos de corrupción de menores y uno de abuso sexual. Fuentes de las acusaciones han explicado que los detalles de la condena se conocerán el lunes pero podrían suponer una pena que rondará los cinco años y medio de cárcel.

La vista de este miércoles ha arrancado a puerta cerrada con la declaración de este acusado, el último que ha tomado la palabra de los diez que el lunes estaban sentados en el banquillo acusados de delitos de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores y delitos contra la salud pública.

Al margen de los cuatro acusados que han llegado a un acuerdo de conformidad y han reconocido los hechos, los otros seis argumentaron el lunes ante el tribunal que les juzga que desconocían que las personas con las que contactaban eran menores y cuando les mostraron sus fotografías opinaron que podían tener perfectamente 18 años.

Además mantuvieron que pensaban que todo era legal en la web a través de la que contactaban porque era para adultos.

Precisamente antes del inicio de la sesión el abogado de la Asociación Clara Campoamor, personada como acusación popular, José Miguel Fernández, ha mantenido que en las fotografías que se tomaron durante la instrucción a los menores se ve "claramente" que no eran mayores de edad.

Uso de webs

Respecto a la página web utilizada para los contactos, Fernández ha reconocido que todas estas webs se escudan en que no son responsables de los datos falsos que puedan aportar sus usuarios. "Creemos que es una pantalla, una fachada y eso debería cambiar", ha afirmado. También ha asegurado que si todos los padres son responsables subsidiarios de lo que hacen sus hijos, en este caso la Diputación de Álava como tutor que era de estos menores cuando se produjeron los hechos debería serlo.

"Creemos que es una pantalla, una fachada y eso debería cambiar"

José Miguel Fernández - Abogado de la acusación particular

Este caso saltó a la luz en noviembre de 2016 cuando se conoció que la Ertzaintza estaba investigando a varios hombres por pagar por tener sexo con menores tutelados tras recibir una denuncia del director del centro de Sansoheta de Vitoria, que entonces acogía a jóvenes con problemas de comportamiento cuya tutela había sido retirada a sus progenitores y ahora se va a adecuar para personas con discapacidad intelectual.

En la actualidad las víctimas ya son mayores de edad y a lo largo de este miércoles van a declarar a puerta cerrada en el juicio. La Fiscalía solicita penas que superan los cien años de cárcel para los seis acusados que siguen en el banquillo de los acusados.

En el proceso judicial también está personada como acusación particular la Diputación de Álava que se ha adherido a la petición del Ministerio Fiscal y la Asociación Clara Campoamor que como acusación popular reclama penas que oscilan entre los 15 y los 29 años y medio de prisión para los seis procesados. EFE