El desprecio sistemático por la legalidad internacional se ha convertido en la seña de identidad consciente del Gobierno de Benjamin Netanyahu. Una de las manifestaciones reiteradas de esta impunidad continuada son los asaltos a las flotillas humanitarias que, como emblema de solidaridad y ayuda de emergencia para Palestina, navegan por el Mediterráneo. Lejos de ser incidentes aislados, nos encontramos ante una táctica de Estado sistemática: en los últimos quince años, más de una decena de misiones pacíficas han corrido la misma suerte, siendo interceptadas de forma ilegal con el uso de la fuerza militar. El antecedente más trágico y sangriento se remonta a mayo de 2010, cuando comandos israelíes asaltaron el buque Mavi Marmara, causando la muerte de diez activistas. Un crimen que conmocionó al mundo pero que quedó impune, como otros antes y después. Desde entonces, la maquinaria de interceptación no se ha detenido frente a ninguna de las expediciones de la Flotilla de la Libertad. El episodio más reciente, perpetrado días atrás contra la Global Sumud Flotilla, resulta especialmente escandaloso: las embarcaciones fueron abordadas militarmente en aguas internacionales, a más de 1.000 kilómetros de su destino y a las puertas de Europa, frente a Grecia. Estas intervenciones contra buques civiles desarmados más allá de las fronteras jurisdiccionales del Estado de Israel constituyen, bajo cualquier estándar objetivo de la Convención sobre el Derecho del Mar, actos de pura piratería. A este quebrantamiento se suma el delito flagrante del secuestro: en esta última incursión, 175 activistas fueron apresados y varias permanecen retenidas sin que medie acusación formal ni existan garantías judiciales. Hay un objetivo perverso que es preciso denunciar oficial y públicamente: por un lado, persigue blindar a toda costa el bloqueo asfixiante que padece Gaza; por otro, utiliza estas incautaciones como un método de intimidación para acallar la protesta civil internacional. La ONU y la Unión Europea han emitido pronunciamientos recordando la ilegalidad de asaltar naves en aguas internacionales, pero no bastan. Sin medidas de presión reales son papel mojado. Es un imperativo sancionar estos actos de piratería y obligar a Israel a rendir cuentas por socavar –de nuevo– el derecho.