La instrucción del juez Ángel Hurtado contra el fiscal general del Estado ha dado un paso más con la citación como investigado del propio Álvaro García Ortiz, al interpretar el magistrado del Tribunal Supremo que ha estado en el origen de una filtración ilegal y que ésta ha implicado también a la Presidencia del Gobierno español, lo que le da un alcance mayor. Las vueltas del caso se sobreponen al propio delito original, que era objeto de intervención de la Fiscalía y de las maniobras de defensa en torno al mismo: el presunto fraude fiscal reconocido por la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La pugna argumental política y mediática ayuda poco a la clarificación de los hechos y menos aún a asentar un consenso en la opinión pública de lo que es y no es admisible en el desempeño público. Algunos hechos quedan equilibrados o incluso solapados en el imaginario popular. En primer lugar, la filtración de un bulo, que parece más que acreditada tras la declaración del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, queda en segundo plano ante la reacción aparentemente irregular y poco meditada de la Fiscalía para intentar desmentirla, que es de lo que, en definitiva, se acusa al fiscal general. En su cargo y función reside la obligación de proteger el procedimiento, y la eventual filtración de datos del mismo se agrava por su condición de autoridad y funcionario público. La presunta indefensión provocada al presunto delincuente por una actuación arbitraria es sancionable. El debate jurídico, suplantado por el político, deberá determinar si los datos filtrados son o no causa de indefensión o, como defiende el Ejecutivo, la protección de veracidad que no desvirtúe la persecución de delitos –fraude fiscal– contra al interés general . En paralelo, convendrá dilucidar si el aparato público de comunicación de la presidenta de Madrid incurrió en delito a su vez al filtrar desinformación para salvaguardar los intereses de la pareja de Díaz Ayuso, que inevitablemente repercuten en ella por su defensa cerrada. Pero la afirmación del juez –sorprendentemente contundente en fase instructora– de la participación de Moncloa en el caso redunda en que más ruido dificulte obtener la pedagogía democrática que interesa al caso y que sigue presa del alineamiento de intereses de las partes.
