Una semana de imágenes dolorosas, drama humano, desesperación e irritación social como consecuencia de los efectos de la DANA sobre el levante español no ha sido capaz aún de desterrar el lamentable espectáculo político que ha supeditado las necesidades de las personas damnificadas a la gestión de la imagen partidista. El lento avance de las labores de rescate, desescombro, recuperación de servicios y asistencia a las víctimas retrata una gestión muy mejorable que ya comenzó a flaquear en la labor preventiva del desastre sobrevenido. La dimensión de la tragedia se mide en vidas humanas y destrozos materiales que derivan en sufrimiento de los supervivientes. La coordinación de los servicios, que con relativo acierto se abre camino, no deja de estar sepultada en un lodazal de mensajes interesados, desinformación y la pretensión de huir de la responsabilidad ante la opinión pública. El debate mismo sobre la declaración de emergencia –fórmula laminada en el pasado por el Tribunal Constitucional a instancias de Vox con motivo de la pandemia covid-19– está contaminado por el pulso PP-PSOE y la pretensión de eludir el coste de imagen de una deficiente actuación de los poderes públicos. Tiempo habrá, y es lícito exigirlo, para depurar la responsabilidad de una mala praxis preventiva, una gestión poco diligente de la comunicación de emergencias y una ineficacia en la reacción durante las primeras horas y días después de la tragedia. Pero no debe ser la prioridad en estos momentos. Hay una ciudadanía desamparada que asiste, perpleja primero e indignada después, a una experiencia de abandono. La secreta convicción de que se ha fallado gravemente debería acelerar la corresponsabilidad, la coordinación y la eficiencia en las acciones paliativas. Pero prima el bochornoso interés en rebajar el coste político y en difundir bulos y acusaciones. En esos términos, la suspensión de las funciones de la administración autonómica acreditaría la incapacidad de sus titulares; pero, como institución más cercana a las víctimas y el terreno, es quien debería liderar y ordenar la actuación de los recursos humanos y materiales, con independencia de quién los aporte. En el otro extremo, si en aras de la eficacia es preciso suspender de determinadas funciones a la administración valenciana, las limitaciones legales deberán superarse con consenso.