El informe de la Comisión Europea recomiende con urgencia una reforma de la vieja ley franquista de Secretos Oficiales que tenga en cuenta la normativa europea sobre el acceso público a loso documentos oficiales pone en evidencia la dejación de responsabilidad y el incumplimientos de promesas electorales y compromisos políticos por parte del Gobierno de Sánchez. Y no sólo supone un nuevo varapalo de las instituciones europeas a las carencias del sistema democrático español en cuestiones siempre vinculadas a la transparencia, el acceso de la información y los derechos y libertades, sino que en este caso arroja luz sobre la realidad de que todos los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, han recurrido sistemáticamente a una ley franquista para evitar dar explicaciones a la ciudadanía sobre algunas actuaciones. Lo han venido haciendo desde 1978, al amparo de la Ley de Secretos Oficiales firmada por Francisco Franco en 1968, en plena dictadura. Una norma, como apunta ahora la Comisión Europea, antidemocrática, trasnochada, pensada para el ocultamiento, encubrimiento e impunidad ante posibles actuaciones propias de un régimen autoritario y que ha servido para sustraer a la opinión pública el conocimiento y responsabilidad de asuntos como los actos e implicaciones de los GAL, el 23-F, la muerte de Mikel Zabalza o los sucesos del 3 de Marzo en Gasteiz o de Sanfermines de 1978 en Iruña, entre otros muchos. El informe anual recoge las recomendaciones sobre el cumplimiento o incumplimiento del Estado de Derecho en cada Estado miembro de la Unión Europea. Y en el caso del Estado español, no sólo cita expresamente la Ley de Secretos Oficiales, sino que también que sigue pendiente también la materialización de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza. Una normativa heredada de los gobiernos de Rajoy y que Sánchez, al igual que la de secretos oficiales, se comprometió a derogar y a modificar sin que siete años después lo haya cumplido. El Gobierno de Sánchez cuenta con los votos necesarios para abordar ambos cambio y mejorar la calidad de la democracia española. De hecho, es una reivindicación unánime de los socios que sostienen su Ejecutiva y la mayoría en el Congreso, algo que no debería olvidar Sánchez. Un Estado democrático necesita leyes democráticas, transparencia y garantía de derechos y libertades en sus actuaciones. Ya es muy tarde.