El informe de tres relatores especiales de Naciones Unidas sobre las de modo infame llamadas leyes de concordia aprobadas o en vías de elaboración por distintos gobiernos autonómicos dirigidos por PP y Vox es demoledor en defensa de una verdadera memoria historia de carácter democrático y señala a la derecha y a la ultraderecha españolas como negacionistas y/o revisionistas del pasado. Todos los partidos habían advertido ya del carácter antidemocrático y contrario a todos los estándares internacionales respecto a la necesidad de contar con leyes de memoria que se ajusten a los derechos humanos y al derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La aprobación de la Ley de Memoria Democrática supuso un tardío pero necesario hito en el Estado. Sin embargo, en los últimos años, tanto PP y Vox, con el agravante de que los populares se han plegado a los postulados y exigencias de la ultraderecha con la que cogobierna, han desplegado una ofensiva en comunidades como Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana dirigida a derogar algunos postulados de la norma y a aprobar otra legislación propia que supone un grave retroceso en la materia. El informe de la ONU es rotundo al concluir que estas “llamadas leyes de concordia podrían transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos”, por lo que insta al Gobierno a que adopte “todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales”. El emplazamiento de Naciones Unidas es grave y revelador, porque desnuda las verdaderas intenciones que esconde la derecha, al advertir de que estas leyes de concordia “evitan y/o omiten nombrar o condenar el régimen franquista” y pueden alentar teorías “revisionistas o negacionistas” sobre la Guerra Civil y la dictadura. Pese a ello, el PP, con su líder Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, se ha revuelto contra los relatores, negándoles legitimidad, capacidad y conocimiento sobre el asunto. Todo ello ha vuelto a generar una polémica que, de momento, no parece encaminada a una rectificación, mientras Pedro Sánchez ha asegurado que luchará contra estas normas. Solo cabría una marcha atrás de PP y Vox que, pese a todo, nadie espera, por lo que el Gobierno español deberá actuar en consecuencia.