En las dos primeras entrevistas concedidas por Pedro Sánchez tras terminar su periodo de reflexión con la decisión de seguir en el cargo, el presidente del Gobierno español ha vuelto a poner sobre la mesa la idea de reformar las leyes sobre los mecanismos de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Aunque se ha hablado de varias fórmulas, todas coinciden en la necesidad de rebajar las mayorías requeridas para elegir a las y los integrantes del órgano de gobierno de la judicatura española. En lugar de los tres quintos actuales en Congreso y Senado, se propone mayoría absoluta o mayoría simple. Incluso, de acuerdo con la iniciativa que acaba de presentar Podemos, la Cámara Alta, en la que el PP tiene mayoría absoluta, quedaría fuera de la posibilidad de participar en las designaciones. Obviamente, esta última es una opción extrema sin visos de llevarse a la práctica, pero va en sintonía con la reclamación de Sumar, el socio del PSOE en el Ejecutivo de la coalición. La líder de la plataforma de izquierda confederal y vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, se ha puesto al frente de la demanda de promover una ley que acabe con el bloqueo en la renovación. Por parte del Gobierno español, pese a las palabras de Sánchez y de su portavoz, Pilar Alegría, que parecen abundar en la inminente reforma, todo apunta a que se trata de un modo de presionar al Partido Popular para que vuelva a la senda del acuerdo en esta materia, con las instituciones europeas ejerciendo un papel mediador. No parece de recibo que, después de varios encuentros de socialistas y populares arbitrados por el todavía comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se dé por perdida la vía de la negociación y se regrese al atrincheramiento político. Menos, cuando el PSOE sabe que Europa no va a aceptar atajos legislativos como los que ahora vuelven a esgrimirse. Bien es cierto, en todo caso, que la pelota está en el tejado de los liderados por Alberto Núñez Feijóo. Está largamente documentado que el responsable de los cinco años y cinco meses del bloqueo de la renovación del CGPJ es el PP, que ha querido compensar su pérdida de poder político manteniendo contra viento y marea la mayoría conservadora en el órgano de gobierno judicial. Pero esa situación no se puede prolongar más.