La investigación abierta por un juez de Madrid a partir de una denuncia contra la esposa del presidente Pedro Sánchez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha agitado la estabilidad del Gobierno español hasta el extremo de que el mandatario suspenda su agenda y traslade públicamente sus dudas sobre la continuidad de la legislatura. La utilización de esta denuncia por el conjunto de la derecha española para su estrategia de acoso y derribo del Gobierno ha logrado invertir el orden natural del ejercicio de la justicia y la política al situar a esta como detonante de los mecanismos de la primera. La eventual existencia de indicios de un delito –de cualquier delito supuestamente cometido por cualquier persona– tiene sus procedimientos establecidos y son la garantía de un tratamiento justo. La construcción de un estado de opinión paralelo, de un ejercicio de instrumentalización política, va en detrimento de la independencia judicial y de la fiabilidad del proceso. Ha sido de nuevo una denuncia de Manos Limpias –el pseudosindicato ultraderechista protagonista de grandes fiascos judiciales en el pasado y sometido a su vez a denuncia por falsedad– lo que ha provocado la comunicación de Sánchez. Una comunicación que se ha desprovisto de la solemnidad de una notificación oficial al difundirse en redes sociales. De este modo también elude dotarse de un carácter definitivo, puesto que la eventual dimisión del presidente no está anunciada ni es una consecuencia obligada; dispone de herramientas adicionales al irse o quedarse, como la moción de confianza. Siendo su renuncia una opción factible, las próximas horas deberán esclarecerla porque puede ser el final de un ciclo o su reforzamiento por adhesión a su causa frente a ese ataque a la línea de flotación de la estabilidad familiar. Denunciar esa maniobra no implica no exigir un proceder profesional deontológicamente fiable a quienes forman el entorno directo de cargos públicos de tanta relevancia. Lo que se debe exigir es que los mecanismos de control administrativo y judicial no se soslayen con campañas políticas de desprestigio ni se sigan utilizando como ariete por interés partidista y en contra del debido interés público y la voluntad de las urnas. Esa lealtad democrática se ha roto y la jungla resultante va en perjuicio de todos.