El necesario debate sobre la inmigración ha entrado por fin esta semana en la agenda política tanto en el Estado español como en Europa, con sendas iniciativas llevadas a cabo en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo, aunque con origen y objetivos bien distintos. En ambos casos, el resultado, a falta de mayor concreción, desarrollo y posibles cambios, es ambivalente y aparecen como parches que difícilmente resolverán los retos planteados. En primer lugar, la decisión de todos los partidos con representación en el Congreso, excepto la ultraderecha de Vox, de admitir a trámite parlamentario una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) cuya puesta en marcha supondría la regularización de cerca de medio millón de inmigrantes se antoja una medida ya inexcusable y de justicia para centenares de miles de personas que llevan años en situación “irregular” pero que en su inmensa mayoría contribuyen con su trabajo y su aportación al bienestar común. No hay que olvidar que desde 1985 han tenido lugar ocho grandes procesos de regularización que han beneficiado a un millón de inmigrantes. No es frecuente que el Parlamento acepte una ILP, un potente instrumento de participación política de la ciudadanía, aunque esta iniciativa en concreto estaba avalada por casi 90 ONG con apoyo explícito de 700.000 firmas. El largo proceso de tramitación, no obstante, será uno de los elementos clave que puede retrasar su aprobación como mínimo hasta final de año. Por otra parte y tras años de bloqueo, el Parlamento Europeo ha dado luz verde al controvertido Pacto de Migración y Asilo que reformará la política común en la materia. El problema es que lo hará mediante un mayor control de las fronteras exteriores de la UE y una gestión “ordenada” de los flujos migratorios incluidas deportaciones “más efectivas” y ofrecerá a los gobiernos una solidaridad a la carta que les permitirá eludir la obligación de acogida y reubicación de personas que lleguen a países de primera línea como España e Italia mediante el pago de una compensación tasada por cada migrante que se rechace. Fruto de un precario y forzoso consenso, estas medidas, que aún deben ser aprobadas por los Veintisiete, son inquietantes y han sido denunciadas por numerosas ONG y en ningún caso son la solución para evitar muertes y una mayor vulnerabilidad de los migrantes.