El Índice de Precios al Consumo (IPC) adelantado correspondiente al mes de noviembre que concluye hoy apunta a una estabilización de la inflación en el entorno del 3% –concretamente en un 3,2% en la media del Estado–, que es uno de los objetivos estratégicos del cuadro macroeconómico de estabilidad de la zona euro y un horizonte buscado con la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo. La indexación de la referencia del IPC tendrá su traslación al aumento de un 3,8% de las pensiones contributivas a partir de enero; aunque es previsible que, a la vista de que la inflación subyacente se encuentra en el entorno del 4,5%, los alimentos sigan castigando la recuperación de los bolsillos de los pensionistas. Y, con ellos, de los trabajadores, pese a que el aumento salarial medio de este año ronda el 3,5%. A la hora de acometer medidas que puedan aliviar la tensión en los bolsillos de la ciudadanía, es oportuno atender a los componentes que determinan la evolución de la inflación. En este sentido, no se debe despreciar el valor que los precios de la energía tiene tanto en el cálculo final del IPC como en el impacto en la capacidad adquisitiva del usuario. Noviembre ha mostrado un comportamiento muy contenido de los precios de los carburantes pero, sobre todo, ha ofrecido el mejor desempeño de los precios de la energía eléctrica en los últimos tres años. Incidir y consolidar los factores que han determinado este hecho debería propiciar una estrategia de política energética que permita consolidar este comportamiento, sobre todo ante la expectativa de que las medidas extraordinarias de contención de la tarifa de la luz no se podrán mantener indefinidamente. En ese sentido, el factor clave en noviembre ha sido que las energías renovables –eólica, hidráulica y solar, fundamentalmente– han supuesto el 63% de la generación eléctrica y han arrastrado a la baja los precios de la luz. En consecuencia, el proceso de descarbonización del suministro eléctrico mediante un impulso firme a la instalación de estas fuentes redundará en una menor dependencia de las importaciones de energía y en una contención de los precios de la misma, que ponderan significativamente en un mayor o menor poder adquisitivo de las familias. La energía verde también protege el bolsillo del consumidor.