El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, volvió a elevar ayer la voz para protestar contra los criterios y procedimientos de asignación de los fondos europeos Next Generation, que sigue manejando unilateralmente el Gobierno de Pedro Sánchez. El cuello de botella que sigue obstruyendo en la administración del Estado su distribución eficiente es una queja sostenida por diversas autonomías y lo farragoso del proceso de solicitud y adjudicación, un calvario para las empresas. El dinero no llega con diligencia a sus beneficiarios y esto ralentiza proyectos cuya ejecución se puede medir también en términos de empleo que no termina de consolidarse. La primera fase de 70.000 millones de euros en subvenciones debería estar lanzada en su ejecución, precisamente cuando el Ejecutivo español acaba de habilitar la petición para otros 94.000. La experiencia hace temer por el acceso de Euskadi a esos fondos . Hay retrasos por el atasco en la convocatoria y selección en los Proyectos Estratégicos (PERTE), que distan de haberse activado en apenas la mitad de los previstos. La obsesión por controlar hasta el ultimo extremo la gestión y asignación de fondos por el Gobierno Sánchez es un freno a su eficiencia, choca con las recomendaciones de la Comisión en favor de una participación descentralizada del entramado institucional y genera situaciones inconcebibles con un difícilmente justificable criterio de reparto de varias partidas. En ese sentido, es preciso recordar que el Gobierno decidió limitar a 2 millones de euros la aportación al euskera a través del PERTE de la lengua... de una partida de 1.200 millones. Los Fondos Next Generation son una iniciativa histórica cuya repetición en el futuro no está garantizada y que busca favorecer un impulso a ejes socioeconómicos, tecnológicos y sanitarios en beneficio de la población europea y su tejido productivo e innovador. No es de recibo que se administren con un criterio discrecional del Gobierno español, que no es sino un gestor intermediario, nunca el destinatario final. Ni es aceptable que castigue a la ciudadanía vasca sin acceder a subvenciones por el hecho de que la competencia no sea del Estado sino de las Diputaciones Forales, como es el caso de los 700 millones para mejoras en carreteras de los que Euskadi ha sido vetada.