La nueva exhibición de músculo llevada a cabo ayer por la red ciudadana Sare en la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Bilbao contra la política penitenciaria hacia los presos de ETA muestra la capacidad movilizadora de una parte del tejido político-social vasco en una reivindicación aún muy sensible pero que ha perdido apoyos sociales a medida que se ha ido materializando el fin del alejamiento de los reclusos. El pasado 2022, primer año completo en el que el Gobierno Vasco ha tenido en sus manos las competencias penitenciarias –transferidas en octubre de 2021– concluyó, tras un constante proceso de acercamientos, con el 92% de los presos relacionados con ETA internados ya en cárceles vascas. Quedan únicamente catorce reclusos fuera de Euskal Herria, lo que ha dado lugar a que pueda proclamarse el fin de la política de dispersión y alejamiento iniciada hace más de tres décadas, con ETA en plena actividad terrorista. Tan es así que los colectivos de apoyo a los reclusos se han felicitado por ello y que Sare haya cambiado su histórico logo con el mapa del país y el lema Euskal presoak Euskal Herrira por unas flechas con la nueva reivindicación Etxera, que ha levantado las lógicas suspicacias sobre si el significado real de esta exigencia de “vuelta a casa” es una petición de amnistía, lo que sería un fraude a la sociedad vasca. El fin de la dispersión, sin embargo, no ha llevado consigo que haya concluido también la aplicación de una doctrina de resistencia por parte de algunos jueces de la Audiencia Nacional a la concesión de beneficios penitenciarios a los presos etarras, en especial los terceros grados y modalidades de semilibertad, lo que lleva a Sare a denunciar esta “política de excepcionalidad”, motivo principal de la marcha de ayer en Bilbao. De hecho, la Fiscalía de la AN ha recurrido la gran mayoría –el 68%– de los 32 terceros grados otorgados por el Gobierno Vasco. El fin de la violencia de ETA y la disolución de la organización, así como algunos pasos dados por el colectivo de presos, han favorecido el fin de la dispersión. Ahora, la concesión de terceros grados y otros beneficios debe estar también sujeta estrictamente a criterios establecidos en la ley, sin “excepcionalidades” como denuncia Sare, pero tampoco sin que cada preso cumpla estrictamente con los requisitos legales, en igualdad de condiciones que el resto de reclusos.
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