añana domingo tendrá lugar en La Palma la XXVI Conferencia de Presidentes, un foro compuesto por los máximos representantes de los Gobiernos español y autonómicos que ha cobrado cierto protagonismo en los dos últimos años debido a la gestión de la pandemia. En el caso de esta próxima reunión, será la primera en diez años a la que asisten todos los presidentes de las comunidades y estará marcada por las consecuencias de la guerra en Ucrania, en especial respecto a la acogida de refugiados, el impacto económico y energético del conflicto y la ciberseguridad. Según el Gobierno español, las Conferencias de Presidentes son “el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas y ocupa la cúspide del conjunto de órganos de cooperación multilateral”. Lo cierto, por contra, es que a lo largo de su historia, este foro no ha tenido relevancia alguna hasta hace justo dos años, con el inicio del estado de alarma a causa del coronavirus. De hecho, hasta entonces solo se había reunido en seis ocasiones en dieciséis años, poniendo en evidencia su carácter meramente residual y su nula capacidad de coordinación y cooperación y mucho menos de cogobernanza. Es más, este “órgano” no cuenta con el soporte legal ni competencial, ni tiene ni se ha buscado que tenga la metodología adecuada para cumplir su pretendido cometido, limitándose, en el mejor de los casos -es decir, cuando no hay imposición unilateral-, a debatir sobre cuestiones comunes en busca de cierta coordinación y cooperación. A lo largo de las últimas Conferencias -ya desde la primera que tuvo lugar en marzo de 2020 tras la declaración del estado de alarma por parte de Pedro Sánchez-, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha insistido en la necesidad de un imprescindible y profundo cambio en el sistema de funcionamiento del foro, de modo que tenga como objetivo real la cogobernanza en los asuntos que competen a ambas administraciones y respete de forma escrupulosa el autogobierno y las competencias de Euskadi. El sistema de relación entre la CAV y el Estado es estatutariamente la bilateralidad, sin perjuicio de la coordinación. La Conferencia de Presidentes no tiene capacidad ni puede obviar o eludir este pacto, fundamento del autogobierno vasco en aras a una “armonización” autonómica que en realidad esconde una escalada en la peligrosa tendencia recentralizadora del Estado.