os trece días que dura la invasión de Ucrania por parte de Rusia han causado miles de víctimas mortales e incontables heridos, así como la destrucción de viviendas, infraestructuras y medios de vida de la población, que está sufriendo los efectos de una guerra injusta, ilegal e inhumana. Los constantes bombardeos y el asedio a las ciudades han provocado el terror y la huida de buena parte de la población civil, tomada como objetivo militar por parte de Rusia. Según las ONG, son ya más de dos millones las personas -800.000 de ellos niños- que han abandonado el país para huir de la guerra. Una catástrofe humanitaria sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial que parece no tener fin en la Europa del siglo XXI. La apertura ayer de los primeros corredores humanitarios tras los frágiles alto el fuego acordados auguran, en caso de consolidarse, un incremento aún mayor de personas que abandonen Ucrania. En este escenario, la ola de solidaridad de las instituciones y de la ciudadanía europeas, incluida de modo especial la vasca, está siendo muy estimable. El Gobierno español y las comunidades, que trabajan de forma coordinada para preparar la acogida, calcula que llegarán al Estado al menos 12.000 desplazados de la guerra de Ucrania, un cálculo que a buen seguro se quedará muy corto. Es muy destacable que más de 2.000 familias vascas hayan ofrecido sus hogares para acoger a refugiados, una muestra más tanto de la tradicional alta concienciación solidaria existente en Euskadi como de la cercanía y horror con que la ciudadanía vive esta guerra, tras décadas de contacto estrecho con niños y familias de Chernóbil. Sin embargo, las buenas intenciones y el ansia y urgencia por ayudar no pueden ocultar que la respuesta a esta tragedia humanitaria y sus muchos aspectos colaterales debe ser coordinada, articulada y supervisada por las instituciones. El acuerdo firmado ayer por el Gobierno Vasco con Zehar Errefuxiatuekin va en esta línea. No hay que olvidar que las personas refugiadas son en su mayoría mujeres y niños -muchos de ellos no acompañados-, colectivos especialmente vulnerables en estas circunstancias de guerra y que pueden ser víctimas de mafias y de trata, y que precisan no solo de alojamiento sino de seguridad, protección, información, apoyo económico y psicológico y, en su caso, acceso a ayudas y apoyos adicionales.