a advertencia de la Comisión Europea respecto a una caída sin precedentes de la economía de la UE al final del presente ejercicio 2020 no añade en todo caso mayores novedades a las previsiones realizadas antes del informe hecho público ayer por el comisario económico, Paolo Gentiloni, que la actualización del impacto en una zona euro (contracción del 8,7% este año) cuya capacidad se redujo en casi un tercio en el segundo trimestre y la diversificación del mismo con especial incidencia en los estados miembro más afectados por la pandemia. Ahora bien, que sean Italia, España y Francia, por ese orden, con caídas en torno al 11%, los países con una afección más importante en sus economías puede achacarse a la mayor incidencia del coronavirus y en consecuencia la mayor restricción de actividad únicamente porque también sus economías son mucho más dependientes de un sector servicios (73% del PIB en Italia, 70% en Francia y 67% en España) sobre el que han repercutido y repercuten de modo especial las medidas de prevención y salud pública. Que la economía en el Estado español pueda sufrir una caída del 10,9%, punto y medio más de lo que se estimó hace solo dos meses -con su incidencia en el desempleo, que la OCDE sitúa ahora en el 20%- y precise de más tiempo, hasta 2022, para la recuperación pese a que el repunte para el año que viene también se haya corregido al alza (7,1%) mientras que Alemania, por ejemplo, limite ahora las consecuencias económicas para este año y sitúe la recomposición de su economía en 2021 es asimismo consecuencia tanto de la relevancia de la industria alemana en el PIB (del 27% frente al 18% en España, 20% en Italia y Francia) como de los planes de estímulo y subvenciones sin parangón aprobados por el gobierno de Merkel. Y esa es una realidad a tener en cuenta a la hora de prever las consecuencias de una todavía posible segunda ola del coronavirus pero sobre todo al diseñar una reconstrucción económica a nivel europeo -con la aprobación del Plan de Recuperación para Europa y el indispensable marco financiero plurianual- que contemple las diferencias también más allá de la estructuración estatal de la UE y la necesidad de políticas específicas. En el caso de Euskadi, con una industria que supone el 24,2% del PIB, las diferencias de composición y desarrollo de su tejido económico respecto del Estado.
