a aprobación por el Gobierno Vasco de un bloque de medidas por importe de 840 millones de euros para reforzar el sistema sanitario (200 millones), así como destinadas a pymes y autónomos (586) y a personas y colectivos desfavorecidos (55) traduce a la acción del ejecutivo que preside Iñigo Urkullu la constatación de que la pandemia provocada por el covid-19 es una crisis de salud pública que, sin embargo, tiene y tendrá notorias repercusiones socioeconómicas ante las que Euskadi debe prepararse en paralelo al desafío sanitario causado por el coronavirus. Que este precisa de un impulso económico tanto para la obtención de material y recursos como para seguir haciendo efectivo el plan previamente diseñado de reordenación del sistema y habilitación de nuevos espacios de atención no admite la más nimia discusión, toda vez que la magnitud y características del reto sanitario fundamentan el estímulo de las capacidades de las estructuras de Osakidetza y deslegitiman cualquier duda al respecto. Por el mismo motivo, la magnitud y características de las consecuencias de la pandemia, la otra parte de la batería de medidas aprobadas por el Gobierno Urkullu, tanto las destinadas a pymes y autónomos como las dedicadas a los sectores sociales más perjudicados se antojan igualmente imprescindibles. Las primeras, porque los sectores a los que van dedicadas no son solo parte relevante de la estructura socioeconómica de nuestro país, también en muchos casos fundamentales en nuestro bienestar y modo de vida, sino que además se hallan entre los más afectados por la suspensión de la actividad y sin embargo en parte soportan al mismo tiempo el mantenimiento de servicios esenciales durante esta crisis. Las segundas, porque nadie en Euskadi está exento de responsabilidad en la superación de la pandemia, pero tampoco nadie debe quedar al margen de la solidaridad que la inmensa mayoría de la ciudadanía practica y exige, ya antes pero también ahora frente al coronavirus. Solo posibles desde la más que relativamente buena situación en que se halla Euskadi tras superar la crisis de 2008 -por capacidad presupuestaria y de endeudamiento, así como por flexibilidad en la gestión-, las medidas permiten encarar en todo caso los aspectos primordiales y críticos del inmenso desafío al que está enfrentando la sociedad vasca.