l decreto por el Gobierno Vasco del “estado de emergencia sanitaria” que anunció ayer el lehendakari, Iñigo Urkullu, es en la práctica dar continuidad a la asunción de la responsabilidad en la dirección de la crisis de salud pública provocada por el coronavirus que como máximo representante institucional de Euskadi le corresponde. Con el citado decreto, fundamentado en la Ley de Gestión de Emergencias actualizada el 27 de abril de 2017, cuyo art. 10 atribuye al Gobierno vasco la dirección y coordinación de la protección civil en la CAPV, el lehendakari y su gobierno se dotan del cimiento legal necesario en el desarrollo de medidas, contempladas en el art. 8 de la citada ley, que pudieran ser restrictivas de derechos ciudadanos -tales como el confinamiento, el cierre de locales o la movilización de recursos- y sin embargo imprescindibles para afrontar en nuestro país la grave crisis sanitaria global y para una más temprana resolución de la misma. El decreto, además, permite asumir en nuestro país la dirección y coordinación de las acciones derivadas del estado de alarma que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó horas después para el Estado en virtud del artículo 116 de la Constitución. En Euskadi, con 71 nuevos contagios, hasta 417, de los cuales 179 permanecen hospitalizados -mientras que los fallecimientos se elevan a 14- el avance de la transmisión del virus en zonas concretas, como es el caso de Gasteiz, donde afecta ya a uno de cada mil habitantes, y la experiencia en otros lugares, Italia, Corea del Sur y China principalmente, recomiendan un control cercano al adoptar y sobre todo desarrollar medidas que, dentro de la debida proporción, debe ser lo más temprana posible para paliar la sobrecarga de los recursos asistenciales, recortar el periodo de transmisión del virus en lo posible y posteriormente activar recursos de recuperación. Ahora bien, la asunción de esa responsabilidad por el Gobierno Vasco debe ser asimismo trasladable en exigencia a todos los niveles de la administración pública, también del tejido socioeconómico, incluyendo el ámbito privado, y a la actitud diaria de todos y cada uno de los ciudadanos vascos, de cuyo juicio y compromiso, puesto en evidencia con anterioridad en otras situaciones, dependerá de nuevo la superación de la crisis.