La reunión de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, con los representantes de las patronales CEOE y Cepyme y de los sindicatos CCOO y UGT y las declaraciones previas de la vicepresidenta Carmen Calvo respecto a la actualización de Salario Mínimo Interprofesional (SMI) han puesto los primeros matices en los cambios de las condiciones laborales comprometidos en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, buscando el equilibrio con la seguridad jurídica que reclaman las empresas. En primer lugar, el compromiso sobre la derogación de la reforma laboral aprobada por el PP se llevará a cabo de momento solo de manera parcial, con un primer decreto urgente que elimina el despido por acumulación de bajas médicas, pero sin entrar en otras medidas de la reforma que han resultado lesivas para los derechos de los trabajadores y que el propio PSOE viene abogando por derogar desde 2016. Tales como la recuperación de la ultraactividad de los convenios y de la proporcionalidad en los despidos colectivos, la supresión de determinados modelos contractuales... Asimismo, la actualización del SMI a 950 euros, que ya el pasado año tuvo un aumento del 22%, hasta los 900 euros, y que inicialmente había sido cuestionada por las organizaciónes empresariales alegando su impacto en la creación de empleo, requiere analizarse en su contexto. Cuando el Gobierno Sánchez plantea una subida que sitúe el SIM en el 60% del salario medio para el final de la legislatura, es decir, en cuatro años, no hace sino adaptarse a las pretensiones de la Comisión Europea que preside Ursula Von der Leyen, que el pasado día 14 inició el debate de esa medida y de la creación de un mecanismo común de seguro de desempleo. Y la adopción de la misma, en la práctica, se traduciría en un SMI de 995 euros, que lo mantendría en el duodécimo puesto, aún por debajo del salario mínimo de las economías más fuertes y las fiscalidades más elevadas de la Unión Europea. Sin olvidar que todavía en numerosos ámbitos territoriales y profesionales del Estado español se hallan salarios que, principalmente por la jornada reducida de muchos contratos, son inferiores al SMI. En todo caso, la verdadera mejora de las condiciones laborales está en la actualización y el impulso de la economía, acorde con el “progreso colectivo” que el propio Sánchez esgrime en Davos.