La conmemoración ayer del cuarenta aniversario del cuádruple asesinato -Liborio Arana, Pacífico Fika y su mujer Mari Paz Armiño y Manuel Santacoloma- en el atentado con bomba contra el bar Aldana de Alonsotegi el 20 de enero de 1980, reivindicado por el ultraderechista Grupos Armados Españoles (GAE), lleva a demandar nuevamente del Estado el mismo tesón en el esclarecimiento de los hechos que se exige en cualquier otro caso de violencia de pretensión política y que, sin embargo, en este y otros atentados de extrema derecha no se ha puesto de manifiesto. El atentado contra el bar Aldana es uno de los 74 que el informe de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco de 2010 atribuye a grupos de extrema derecha o parapoliciales; uno de los 24 en que se carecen de datos como en otros 33 no se abrieron diligencias o se cerraron sin resultado -frente a solo 17 con sentencia firme- pese a que sumaron 66 víctimas mortales, seis de ellas atribuidas al mismo grupo que reivindicó el atentado contra el local de Alonsotegi. Que el comisario José Amedo, condenado 11 años después por su participación en los GAL, fuese el encargado de la investigación, que durante la misma no se practicaran detenciones ni se llamara a declarar a testigos, o que la Audiencia Nacional sobreseyera la instrucción en solo quince meses dan muestra del interés policial. Que la última respuesta del Gobierno español (16 de enero de 2019, hace un año) al respecto se limite a señalar que “... En el supuesto de que aparecieran nuevas pruebas o indicios (...) las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevarían a cabo las actuaciones pertinentes, junto a la Autoridad Judicial, para esclarecer los hechos...” tras dos solicitudes de informes, cuatro preguntas escritas y una oral presentadas sobre el particular por Aitor Esteban y Mikel Legarda (PNV) solo en la anterior XII Legislatura dan asimismo medida del interés político. Hoy, cuarenta años después, aún es preciso recordar que todas las víctimas deben ser consideradas iguales, sin importar su adscripción ideológica, situación personal o afinidad moral, que todas ellas precisan, además de su reconocimiento como víctimas, de verdad, imprescindible para que la reparación sea efectiva. También para vacunar a la sociedad frente al fenómeno de la intolerancia, todavía hoy patente.