La polémica creada por la designación de la exministra de Justicia Dolores Delgado para fiscal general del Estado y su traslado, tanto en una textualidad distinta a la empleada en casos anteriores como en la votación, al informe -preceptivo, pero no vinculante- que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió ayer al respecto ahonda en la grave inconveniencia de incluir al sistema judicial en la diaria disputa partidaria. Sin embargo, cuando con el pretendido fin de evitar el extravío democrático de que la política influya en las decisiones judiciales se aboga por despolitizar la justicia, no se apunta a la utilización de la misma en el debate partidista como origen del problema sino que se cita exclusivamente como causa al sistema de designación de cargos en los órganos judiciales. Se hace así debido a que en la práctica el debido y lógico control democrático (parlamentario, de los representantes elegidos por la sociedad) de esos órganos judiciales se traviste en control de interés ideológico a través de la presión creciente que en los últimos lustros los dos principales partidos de ámbito estatal han ido ejerciendo sobre los designados. Así, por ejemplo, puede considerarse escandalosa la designación de Dolores Delgado por sus antecedentes como ministra y diputada del PSOE pese a que nada de esto ocurrió, por ejemplo, con Javier Moscoso, ministro de Presidencia con González hasta julio del 86, dos meses antes de ser designado fiscal general. Por cierto, Moscoso pasó posteriormente a engrosar asimismo la lista de vocales del CGPJ. La nítida adscripción ideológica del candidato a fiscal general tampoco fue impedimento para que el CGPJ considerara su “idoneidad” en casos tan evidentes como los de José Manuel Maza o Julián Sánchez Melgar (ambos con un voto particular contrario en el CGPJ) ni siquiera cuando Aznar nombró en 1997 a Jesús Cardenal pese a sus sonoras declaraciones previas contrarias a principios constitucionales e incluso a la misión de defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público que otorga al fiscal general el Artículo Primero del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La despolitización de la justicia no pasa por alterar las formas de designación, como ahora pretenden quienes las han manipulado a su antojo, sino por el compromiso con la exigencia de independencia a un sistema hoy excesivamente tributario de las adcripciones ideológicas de sus miembros.