La consumación de la investidura de Pedro Sánchez, por primera vez a resultas de una votación en el Congreso, como presidente del Gobierno español es más que la elección más ajustada (167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones) en las Cortes, también posiblemente la más bronca. Y va más allá de la certificación parlamentaria del primer gobierno de coalición en el Estado desde los bienios de Azaña (1931-33) y Lerroux (1933-35), que rubrica el final del bipartidismo y la alternancia a que se había abocado la tradicional dualidad derecha-izquierda a lo largo de los cuarenta años del régimen constitucional de 1978. En virtud de los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez para conformar la mayoría necesaria de su investidura, esta debe suponer un segundo punto de inflexión en la trayectoria que con evidente lentitud y retraso y tras décadas de violencia, incluidas las cuatro de la dictadura de Franco, sacó del siglo XIX a la política del Estado tratando de ir homologándola con las democracias parlamentarias europeas. Porque el cumplimiento de esos acuerdos conlleva la superación de los vetos y tabúes políticos que, hábilmente manejados por quienes se perpetuaron en los restos del sistema franquista, han limitado desde que se programó el cambio de régimen el ejercicio de derechos esenciales y consuetudinarios a las democracias, también reflejados en el ordenamiento jurídico estatal aunque muchas veces se obvie. Vetos y tabúes cuyo origen se sitúa en determinados intereses socioeconómicos y en una carpetovetónica interpretación del Estado y sus estructuras, en numerosas ocasiones además entremezclados. De ahí surge también la ruidosa y estentórea escenificación con que PP, Ciudadanos y Vox, no necesariamente por ese orden, se han rasgado las vestiduras antes y después del 10-N y en la propia sesión que ha investido a Sánchez. Que a partir de ahora tanto él como el PSOE -también Pablo Iglesias y Unidas Podemos- superen, como quienes les dieron ayer vía libre a la configuración de su gobierno, la presión político-mediática y no eludan esa responsabilidad esencial de revertir los retrocesos legislativos que han pretendido eternizar la transición a la democracia para superar dicha fase y profundizar en la transformación democrática del Estado es, será, la clave de la legislatura.