El sistema de previsión social para autónomos vascos suma ya 680 suscritos

Los trabajadores autónomos han sufrido históricamente una precariedad en sus pensiones que se traduce en una menor cuantía en sus prestaciones. En los últimos años el colectivo ha puesto sobre la mesa este problema y tanto el sistema público de pensiones como el entramado de los fondos privados están tratando de introducir cambios que permitan a estos trabajadores acceder a mejores prestaciones. Una de esas modificaciones ha venido por el lado del sistema vasco de previsión social para autónomos, que suma ya 680 beneficiarios con unos deechos económicos acumulados de 3,5 millones de euros.

Los datos que dio a conocer hoy el Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco recogen el balance de este sistema de EPSV desde su puesta en marcha en diciembre del año 2024 tras el acuerdo firmado entre el Ejecutivo y las Cámaras de Comercio territoriales un año antes. Así, a cierre de ese año, los planes para autónomos contaban con 100 personas socias; un año después la cifra se elevaba a 605; y el dato más reciente disponible, de cierre del mes de febrero, indica que la cifra asciende ya a 680. “Aunque se trata todavía de una fase inicial, estos datos muestran un interés creciente y un ritmo de incorporación sostenido”, apuntó ayer el Departamento de Hacienda.

Por otra parte, en cuanto a los rendimientos generados por estas EPSV pasaron de casi 493.000 euros en 2024 a 3,5 millones de euros en la actualidad. Además, el estudio oficial destaca que la edad media de los suscritos es de 53,7 años, con un 63,5% de hombres y un 36,5% de mujeres. Rebajar la edad media y disminuir la distancia de género serán dos de los próximos objetivos del sistema, si bien esas metas parecen más bien propósitos a largo plazo. El nuevo modelo que presentó el Gobierno Vasco y las cámaras en diciembre de 2023 busca a ofrecer un instrumento “colectivo, eficiente yaccesible” que permita complementar laa pensión pública y asegurar ingresos más adecuados durante la jubilación. Las estadísticas sobre pensiones apuntan que en 2025, la pensión media de jubilación de las personas trabajadoras autónomas en Euskadi se sitúa en 1.191,08 euros mensuales, frente a los 2.064,66 euros de las personas trabajadoras por cuenta ajena. 

“Esta brecha refuerza la importancia de articular sistemas complementarios que permitan mejorar la suficiencia de las prestaciones futuras”, indicó ayer el Ejecutivo. En la actualidad, existen una docena de planes preferentes para autónomos vascos, gestionados por las seis EPSV que fueron seleccionadas en concurso público por las cámaras: Kutxabank, BBVA, Laboral Kutxa, Bankoa Abanca, VidaCaixa y Mapfre. Se calcula que alrededor de 16 de cada 100 trabajadores vascos son autónomos, con un porcentaje del 40% de mujeres dentro del mismo.

El sistema, diseñado específicamente para atender las particularidades del colectivo autónomo, cuenta entre sus elementos clave con aspectos como la limitación al 0,5% de los gastos de administración de la EPSV, prestaciones “prioritariamente” en forma de renta, participación directa del colectivo en los órganos de gobierno de los fondos, aportaciones periódicas -con posibilidad de extraordinarias- y el principio de no discriminación respecto a personas empleadas. “Además de las ventajas fiscales aplicables a cualquier aportación a sistemas de previsión social, las personas trabajadoras autónomas cuentan con un límite adicional específico para sus aportaciones a los planes de empleo preferentes, lo que les permite acceder a un incentivo fiscal reforzado”, subrayó el Departamento.

De hecho, estos planes cuentan con las ventajas fiscales recogidas en la legislación tributaria foral de cada territorio. Las aportaciones que lleve a cabo cada trabajador autónomo deben ser de carácter anual y cubren las diferentes contingencias: jubilación, fallecimiento, invalidez e incapacidad permanente. Según los cálculos del Departamento de Hacienda, una aportación de un 6% del salario en una carrera de contribuciones durante la vida laboral de una persona autónoma podrá suponer en torno al 20% de la pensión que se obtenga del sistema público en el momento de la jubilación.

Las pensiones públicas de los trabajadores autónomos se han convertido también en los últimos años en asunto de debate político, pues se trata de uno de los colectivos cuya figura es más sensible a las reformas laborales y fiscales. La última polémica generada tiene que ver con la decisión del Gobierno de subir la base mínima de cotización de los autónomos societarios y familiares colaboradores en un 42% con efectos desde el 1 de enero de este año. Este cambio se enmarca dentro de la reforma de 2022 que busca elevar las cotizaciones de los autónomos para que, posteriormente, esos aumentos se acompasen a mejores pensiones. No obstante, ante las críticas del colectivo, que en líneas generales considera desequilibradas las proporciones entre aportaciones al sistema y prestaciones a recibir, el Gobierno central congeló las cuotas para este año. No obstante, uno de los cambios que sí permanecieron vigentes para ser aplicados este año es de los autónomos societarios y familiares colaboradores.

La base mínima de cotización para todos ellos se ha incrementado para este año más de un 42%, hasta los 1.424,4 euros mensuales, frente a los 1.000 euros fijados en 2025, lo que provocará un aumento de las cuotas que paguen a la Seguridad Social por el ejercicio 2026, en contraste con el resto de los autónomos, que sí han visto congeladas sus cuotas para este año. Aunque provisionalmente se permite a los familiares colaboradores y a los autónomos societarios cotizar este año por una base mínima de 1.000 euros mensuales y pagar la misma cuota que venían abonando, cuando se produzca el proceso de regularización de 2026 --previsto para finales de 2027, principios de 2028-- tendrán que pagar a la Seguridad Social la diferencia entre haber cotizado por una base mínima de 1.000 euros y haberlo hecho por la que en realidad les corresponde para este año, de 1.424,4 euros, siempre en caso de que no hubieran adaptado su base a esta nueva cuantía.

Esta diferencia entre ambas bases mínimas supone unos 135 euros más al mes -1.620 euros anuales- en la cuota que muchos familiares colaboradores y autónomos societarios pagan ahora a la Seguridad Social, que asciende a unos 315 euros al mes en el caso de una base mínima de 1.000 euros.