Un total de 1.750 comités y juntas de personal se han adherido a la huelga general convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru el próximo 17 de marzo para reivindicar un salario mínimo interprofesional propio en Euskadi y Navarra.
Alrededor de un centenar de delegados de comités de empresa y juntas de personal comparecieron este miércoles en Bilbao para subrayar el “apoyo masivo” de la clase trabajadora vasca y presentar la lista de adhesiones.
Según explicaron, los 1.750 órganos de representación sindical aprobaron por mayoría sumarse a la convocatoria, muchas por unanimidad. Entre ellos se encuentran comités de empresas como CAF (Beasain), ArcelorMittal, Sidenor (Basauri), Ingeteam (Beasain), Metro Bilbao y Bilbobus, así como personal de Universidad de Deusto, Hospital Aita Menni (Arrasate) y numerosas administraciones públicas, entre Educación, Justicia, EITB, Eusko Trenbideak, ayuntamientos de las tres capitales vascas y varias OSI de Osakidetza.
Los representantes sindicales recordaron que en Euskadi, los votos de PNV, PSE, PP y Vox cerraron la vía del debate en el Parlamento Vasco sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para un SMI propio, despreciando más de 138.000 firmas de apoyo.
En Navarra, la Cámara se escudó en informes jurídicos para impedir que se iniciara el proceso de la ILP.
Además, criticaron que Confebask en Euskadi y la CEN en Navarra se han negado a negociar un SMI propio mediante la negociación colectiva intersectorial.
RESPUESTA SINDICAL
Por todo ello, ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde acordaron dar una respuesta contundente a los Gobiernos vasco y navarro, así como a las patronales Confebask y CEN, con la convocatoria de la huelga general del 17 de marzo.
“Es muy grave que los representantes políticos nieguen a la sociedad el único camino para proponer cambios legales; están limitando enormemente la democracia”, alertaron los sindicatos.
CRÍTICA A GOBIERNOS Y PATRONALES
Los sindicatos también resaltaron que se ha despreciado un ejercicio de autogobierno y soberanía que busca defender los derechos de la clase trabajadora, y denunciaron que tanto los ejecutivos como las patronales de Euskadi y Navarra quieren imponer la legislación laboral española para precarizar aún más a la clase trabajadora vasca.
