Las pensiones entran en 2026 con cambios y dudas sobre la regla de gasto

Convertidas en el eje central, junto a las prestaciones por desempleo, del sistema de protección social, las pensiones entran en el nuevo año con novedades, tanto para los perceptores como para los cotizantes. Mientras, prosiguen los estudios y los debates sobre el futuro y la sostenibilidad del sistema público de pensiones. 

Con el dato final del IPC del mes de noviembre, que alcanzó el 3%, ya se conoce que las pensiones contributivas subirán en 2026 en torno a un 2,7% con la fórmula de revalorización recogida en la ley de reforma de las pensiones, que toma como referencia para determinar la subida de estas prestaciones el IPC interanual promedio de doce meses. Es decir, el que va de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor. A lo largo de este año, las pensiones contributivas se revalorizaron un 2,8% porque la inflación media fue mayor. En cualquier caso, se trata de subidas inferiores a las de años anteriores, cuando la crisis inflacionaria que se vivió en toda Europa provocó que en 2023 se incrementaran en un 8,5% y en 2024, con un IPC ya no desbocado, subiesen un 3,8%. De esta manera, la revalorización del 2,7% representará, aproximadamente, 572 euros más al año para una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema crecerán en cerca de 500 euros anuales.

La situación de las pensiones mínimas y no contributivas está regida por otra normativa, puesto que forman parte de la prórroga del decreto-ley para el mantenimiento del denominado ‘escudo social’. De esta manera, las pensiones mínimas crecerán alrededor de un 7%, en tanto que las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4% el próximo año, un porcentaje similar al de las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Las pensiones están incrementando su peso dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Así según las cuentas de 2023, que incluían un gasto total de 450.721 millones de euros, alrededor de un 42% de ese volumen -190 684 millones- fueron destinados al pago de las pensiones. Ante un panorama futuro en el que el desembolso de pensiones va a crecer sin remedio, las cotizaciones a la Seguridad Social también afrontan cambios.

Así, para el año que viene, y en virtud de la reforma de pensiones que lideró el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, cuando era ministro de Seguridad Social, en 2024 entró en vigor la revalorización anual de las bases máximas en función de la inflación, lo que hace que al IPC se le añada una cuantía fija de 1,2 puntos cada año en el período que va de 2024 a 2050. Dado que el promedio de la inflación de este periodo en el 2,7%, para el año que viene la base máxima de cotización tendrá que subir en torno a un 3,9% (el 2,7% del IPC promedio más un 1,2% adicional fijado en la reforma de pensiones), lo que la situaría en unos 5.101,2 euros mensuales.

En lo que respecta a la base mínima, depende de la cuantía del SMI –que está prorrogado en un valor de 1.184 euros brutos mensuales en catorce pagas–, incrementada en una sexta parte del mismo. En todo caso, el Ministerio recoge que esta base mínima no podrá ser inferior a 1.381,2 euros mensuales. Es la misma cantidad que está vigente este año y que se mantendrá hasta la aprobación de la subida del SMI para el próximo año, que previsiblemente llegue tras un acuerdo entre Trabajo y sindicatos y sin el respaldo de la CEOE.

MEI

Otra de las novedades para el año entrante tiene que ver con el nuevo porcentaje del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), otro de los recursos que arrancó con la reforma de Escrivá. Así, desde el 1 de enero, este cotización adicional, que tiene su reflejo en la nómina mensual entregada a los trabajadores, será del 0,90%, frente al 0,80% de este año, del que el 0,75% será a cargo de la empresa y el 0,15% por cuenta del empleado.

El MEI, que contó con el beneplácito de los sindicatos pero no así de la patronal, fue instaurado para reemplazar al polémico ‘factor de sostenibilidad’ de las pensiones, que se consideraba perjudicial para las pensiones iniciales de las próximas generaciones de pensionistas. Aumentará una décima por año hasta quedar fijado en el 1,2% en 2029, con el propósito de establecerse en el mismo porcentaje hasta el año 2050.  

La situación del sistema público de pensiones es objeto de debate continuo en los últimos años, puesto que los recursos que lo nutren vía cotizaciones, aunque son cada vez mayores, no están logrando compensar en la misma medida la subida de los gastos, en gran medida por el crecimiento en el número de nuevos pensionistas año a año. Es por ello que están creciendo con fuerza las transferencias que hace el Gobierno por cuenta de los Presupuestos y a través de impuestos. De hecho, en los once primeros meses, las transferencias del Estado crecieron un 11,5%, hasta llegar a 46.150 millones.

Los ingresos que llegan por el MEI se destinan al Fondo de Reserva, la denominada ‘hucha de las pensiones’. Según los últimos datos del Gobierno, este fondo ronda los 14.000 millones de euros, un nivel que no alcanzaba desde el año 2017. Asimismo, la Seguridad Social ha logrado un superávit de casi 8.000 millones hasta noviembre tras ingresar un 7% más por cuotas. En total, los ingresos del sistema fueron, a cierre de noviembre, de 215.400 millones de euros (un 7,8% más interanual), frente a unos gastos de 207.530 millones (+6,3%).

En cualquier caso, la inquietud persiste. En líneas generales, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cree que se cumplirá la regla de gasto de pensiones acordada con la Comisión Europea para el período 2022-2025, establecida en que el gasto no sobrepase el 15% del PIB, pero al mismo tiempo alerta de que, si sigue la misma tendencia, “será necesario aumentar las transferencias” del Estado, lo que implicaría rebajar los recursos para otras políticas o recurrir a deuda, “lo que parece difícil de compatibilizar con los compromisos” con Bruselas.