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El Gobierno vasco inicia el proceso para recuperar 1.000 viviendas que dejaron de ser VPO

El consejero Denis Itxaso afirma que recuperar dichas viviendas constituye "una medida justa y necesaria en este presente de urgencia habitacional”

El Gobierno vasco inicia el proceso para recuperar 1.000 viviendas que dejaron de ser VPOBorja Guerrero

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana,Denis Itxaso, ha anunciado este martes que en septiembre se va a iniciar el proceso para recuperar 1.000 viviendas que en su día perdieron la calificación de protegidas (VPO), operación con la que espera ingresar 20 millones de euros que se reinvertirán íntegramente en la ampliación de la oferta de vivienda pública.

En una comparecencia de prensa, ha concretado detalles de esta iniciativa, que ya adelantó el pasado mes de octubre. Se llevará a cabo a través de la venta del derecho de superficie del suelo que ocupan estos inmuebles a los actuales propietarios, a cambio de su recalificación como viviendas protegidas de carácter permanente.

Itxaso ha explicado que se trata de una decisión "estratégica" que permitirá reforzar el parque protegido de vivienda de Euskadi y al mismo tiempo generar ingresos directos para la financiación de nuevas promociones en régimen de alquiler, en concreto, 20 millones de euros, ya que el valor medio por inmueble se estima en 20.000 euros.

Se trata de viviendas inicialmente calificadas como protegidas y levantadas en régimen de derecho de superficie. Quedaron descalificadas con el paso del tiempo y pasaron al mercado libre pese a estar construidas sobre suelo público, es decir, propiedad del Gobierno vasco.

Más de 9.000 inmuebles

A partir de 2003 Euskadi reguló que las VPO lo fueran de manera perpetua, calificación que no era permanente antes de ese año y que afecta actualmente a 9.445 inmuebles en Euskadi: 4.619 en Bizkaia, 3.478 en Gipuzkoa y 1.348 en Araba.

Con esta primera fase del plan, la que afecta a 1.000 pisos, se pretende testar el impacto de la medida y, en función de los resultados, ampliar su alcance en el futuro. El Ejecutivo retoma esta fórmula, ya habilitada con éxito desigual por anteriores gobiernos, y que hasta el momento ha logrado la venta del suelo de 4.591 viviendas, de las que el 64% tenían calificación temporal o ya no eran protegidas  y que pasaron a serlo con carácter permanente.

VPO en Aratxabaleta.

Urgencia del presente

Itxaso ha explicado que detrás de esta decisión está la "urgencia del presente" por el tensionamiento del mercado de vivienda, que cuenta actualmente con 65.304 inmuebles con carácter público en Euskadi.

Ante esta situación su departamento ha considerado que es "más beneficioso" vender los derechos de superficie para que los inmuebles sean protegidos de manera perpetua con el fin de que "no contribuyan al recalentamiento del mercado". Además, permite contar con el dinero necesario para construir más vivienda pública.

Al recuperar su calificación de protegidas estas viviendas no podrán ser vendidas en el futuro a precios distintos a los fijados por el Gobierno Vasco y tendrán que seguir el procedimiento de venta determinado por este. Como aliciente, el consejero ha apuntado que si los propietarios optan por venderlas con posterioridad los compradores adquirirán una vivienda plena, es decir, con el suelo incluido.

El departamento vasco calculará el valor de cada edificio afectado e imputará a las viviendas el precio máximo de VPO vigente, y a los locales el valor de mercado correspondiente. Sobre ese valor total tasado se aplicará un coeficiente del 10% por el precio del suelo.

Dicho valor se repartirá proporcionalmente a cada inmueble según su cuota de participación. Cada propietario recibirá una comunicación individualizada con el precio concreto que deberá abonar para adquirir el derecho de superficie del suelo sobre el que se asienta su vivienda. La convocatoria se oficializará a través de una orden del consejero, prevista para julio y con efectos a partir del 1 de septiembre, que establecerá los plazos y condiciones del proceso, incluyendo el compromiso obligatorio por parte de quienes se acojan a esta opción de recalificar sus viviendas como protegidas de forma permanente.