El consorcio vasco confía en que la SEPI se implique en la operación Talgo

La operación Talgo parece entrar en su fase de resolución. Después de diversas dificultades que el consorcio vasco y las administraciones de la CAV consideraban más sencillas de resolver, la última inyección de capital realizada por la parte vasca –75 millones de euros– allana el camino para que el Estado ponga los restantes 75 millones de euros. En total, 150 millones de un préstamo participativo que servirían para afrontar la multa de Renfe sobre el constructor ferroviario y la deuda a corto plazo que tiene la empresa.

La decisión está ahora en manos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), el vehículo estatal a través del cual debe articularse el préstamo participativo. El Gobierno vasco confía en una resolución rápida, y positiva, al requerimiento formulado a la parte estatal para amarrar su involucración. Ayer, el diputado general de Araba, Ramiro González, señaló ayer, en una entrevista concedida a Radio Vitoria, que “la situación en torno a Talgo se está reconduciendo” y se han “retomado” las negociaciones para que la SEPI se “implique” en la operación para “reforzar” la compañía, de manera que espera que “se resuelva en los próximos días, durante el mes de julio”.

González detalló cuales han sido los últimos pasos en las conversaciones, una vez que en los dos últimos meses ha quedado claro que el problema principal estribaba en la falta de financiación y la dificultad en la negociación con las entidades bancarias con las que Talgo mantiene parte de su deuda. “Ha habido una propuesta, aceptada en un primer momento por Madrid, para que la SEPI entrara en esta operación a través de un préstamo participativo de 150 millones de euros. Después hubo otra vía para que ese crédito fuera asumido no solo por la SEPI, sino también por las instituciones vascas a través de una fórmula con plena garantía legal”, relató.

Sin embargo, lamentó, “en los últimos días se estaba viendo que la SEPI no estaba por colaborar”, lo que llevó al PNV y a Lakua a “públicamente preguntarle al Gobierno español qué quería hacer con Talgo, si quería implicarse en esta operación o no”. El diputado general aseguró que le consta que “durante los últimos días se están retomando las negociaciones”, que “van por el buen camino”, y manifestó su esperanza en que “esto se resuelva en los próximos días”, durante el presente mes, y de manera positiva para los intereses del consorcio vasco.

Talgo cuenta con dos factorías, una de ellas en Las Rozas (Madrid) y otra en el polígono alavés de Rivabellosa, con cerca de 700 empleados y muchos más puestos de trabajo indirecto. Según se apuntó el pasado mes de febrero, la sede de Talgo regresaría a Araba, algo que también mencionó González, subrayando su deseo de que “esta necesaria operación para reforzar la capacidad de Talgo se resuelva a lo largo de julio, quizás a lo largo de la próxima semana, de manera que se pueda culminar la operación y se tenga realmente al consorcio vasco adquiriendo la participación en Talgo y pudiendo hacer las inversiones que necesita la empresa para, con sede en Araba, afrontar un futuro ilusionante con esa cartera de pedidos tan importante que tiene”.

La aportación de 75 millones de euros por parte del consorcio vasco -del que forman parte la empresa Sidenor, el fondo público Finkatuz y las fundaciones BBK y Vital- permitirá nutrir el plan financiero destinado a sufragar el crédito de unos 150 millones que necesita Talgo para refinanciar su deuda. Fuentes del Departamento de Industria se manifiestan “optimistas” respecto a una resolución en sentido afirmativo de la SEPI, subrayando la relación “directa y continua” entre las partes implicadas. “Se han movilizado 75 millones en un tiempo récord”, aseguran.

En realidad, a lo largo de todo el proceso las dificultades han sido principalmente financieras. Tras el acuerdo verbal, el pasado febrero, para la compra del 29,7% de las acciones de Talgo al fondo de inversión Trilantic Europe por un montante cercano a los 155 millones de euros, los problemas empezaron a manifestarse en otras vertientes. Por un lado, la multa de 116 millones de euros que Renfe impuso a Talgo por retrasos en las entregas de sus unidades Avril. Además, está presente el problema de la deuda de Talgo, que es también acuciante, puesto que sobrepasa en total los 400 millones de euros, de los cuales algo más de 300 tienen la urgencia de ser devueltos antes del año 2027. El préstamo participativo permitiría afrontar la refinanciación de las condiciones de ese débito. 

Este tipo de préstamo tiene unas características diferentes a uno tradicional, ya que ofrece unos plazos de amortización más largos y permite una mayor flexibilidad. No obstante, el prestamista, además de los intereses ordinarios, obtiene una remuneración que depende de la evolución de la actividad de su empresa. Es decir, que la SEPI y las entidades financieras participarían de los hipotéticos beneficios que vaya generando la actividad de Talgo. Se trata de un instrumento a medio camino entre la participación en el capital empresarial y el crédito a largo plazo. La SEPI es el brazo inversor del Estado en la aplicación de las políticas del sector público empresarial. La semana pasada la SEPI comunicó unas pérdidas de 501 millones de euros en 2024 después de tres años de beneficios y pese a alcanzar una cifra de negocio récord de 6.355 millones, un 7,5% más que el año anterior.