El Ministerio de Interior ha decidido posponer de nuevo al 2 de diciembre la entrada en vigor del nuevo registro de viajeros recogido en el Real Decreto 933/2021 sobre obligaciones de registro documental de las reservas, que estaba previsto para el próximo 1 de octubre.
El motivo del nuevo retraso responde a razones técnicas para facilitar la interconexión y la transmisión de los datos de los establecimientos ubicados en las comunidades autónomas que cuentan con cuerpos de policía autonómicos, según han informado fuentes de Interior a Europa Press.
Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se recuerda que ha tenido una interlocución permanente con los sectores afectados para facilitar su adaptación a los requerimientos de la nueva normativa y a la plataforma donde se introducen los datos.
Por tanto, la próxima reunión con los representantes del sector turístico se celebrará el 4 de octubre.
Esta decisión de Ministerio supone un alivio para las compañías de la industria, que han mostrado durante estos meses su oposición y disconformidad por la aprobación de esta normativa.
En concreto, entre las críticas más pronunciadas están su posible incompatibilidad con el reglamento de la Unión Europea, unido a que su aprobación generaría inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento, desventaja competitiva en el mercado nacional y europeo, falta de adecuación tecnológica y carga administrativa desproporcionada para las empresas, ya que el 95% del núcleo del sector son pymes.
Además, la preocupación que se estaba produciendo en España por parte de todo el sector turístico, más allá de las propias agencias de viajes, hoteles y campings y organismos como la CEOE o la Mesa del Turismo, se ha ido extendiendo en Europa.
En este sentido, en Bélgica y Países Bajos, por ejemplo, las agencias de viajes y operadores turísticos también están alarmados por la falta de claridad sobre cómo manejar la nueva información requerida y cómo se garantizará la privacidad de los turistas.
AUMENTO DE COSTES AL SECTOR
También, cuatro patronales turísticas europeas trasladaron mediante una carta al Gobierno español su "oposición, alarma y desconcierto" ante la inminente entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, al considerar que elevaría los costes al sector y se traducirá en un incremento del precio de las vacaciones.
La normativa obliga a compartir los datos de reserva, entre los que se encuentran el número de referencia (identificación del contrato, bien sea un número o una cadena de caracteres), la fecha de reserva, de entrada y de salida, el establecimiento (tipo, denominación y dirección), el número de viajeros y los datos del pago (solamente tipo de pago si lo hubiese).
Además, en cuanto a la persona que reserva, también se debe comunicar su nombre y primer apellido, su documento de identidad (tipo-número) y sus datos de contacto (correo electrónico o teléfono).
