Repsol no descarta desviar sus inversiones fuera del Estado español si se mantiene un impuesto especial para las energéticas y la banca, como figura en el acuerdo alcanzado por PSOE y Sumar para un posible Gobierno de coalición. El consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, advirtió este jueves de que "antes de tomar cualquier decisión de inversión en España", analizará si las condiciones son "estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de los proyectos", de no ser así hay "otras alternativas".
Durante una conferencia con analistas en la que se ha presentado los resultados de la empresa correspondientes al tercer trimestre del año, Imaz apuntó que el actual impuesto extraordinario que existe -que grava el 1,2% de la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares-, y que hace que Repsol sea la compañía del sector más impactada con unos 450 millones de euros este año, "es ilegal, es inconstitucional, y es discriminatorio".
"Está impactando y castigando en términos negativos a las empresas energéticas que invierten en activos industriales y que crean empleos industriales en el país", afirmó, subrayando que una prórroga de este gravamen "penalizará aún más a esta empresa, con una clara repercusión en sus inversores y en su capacidad de invertir en la transición energética".
A este respecto, puso como ejemplo que la unidad de Química en España del grupo está pagando este impuesto sobre las ganancias extraordinarias en función de la cifra de facturación, "cuando a nivel neto está incurriendo en pérdidas y tiene dificultades para competir en el mercado internacional".
Por ello, indicó que Repsol prevé "grandes inversiones" en la transformación de sus complejos industriales en España, aunque consideró que "la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal podría condicionar las futuras inversiones en los proyectos industriales en el país".
Imaz señaló que España es "la principal geografía" donde está invirtiendo el grupo y donde prevé seguir desarrollando "esta gran inversión" en sus activos industriales, aunque añadió que para que esto siga siendo así es necesario "tener un marco regulatorio y fiscal claro, predecible y estable".
Portugal, la alternativa
De lo contrario, comentó que la compañía tiene "otras alternativas", como Portugal, donde podría tener actividad internacional en su negocio industrial.
"Pero de nuevo vamos a analizar detenidamente cuál es el marco regulatorio y fiscal antes de tomar nuevas decisiones de inversión en la geografía española. Porque tenemos que proteger, ante todo, a nuestros accionistas, a nuestros empleados", destacó.
Para el ejecutivo de la petrolera, este impuesto especial "está favoreciendo a la gente que viene al mercado español, no creando ni un solo empleo industrial en España. Y está castigando a las empresas que estamos invirtiendo en España. Estamos creando industria en España", dijo.
"Batalla" en los tribunales
Además, manifestó que Repsol dará 'batalla' a este gravamen tanto en la Justicia española como europea, ya que existe una "diferencia bastante importante" entre lo que definió el Consejo Europeo como impuesto, siendo temporal para responder a las condiciones especiales del mercado y basada en los beneficios, y no en la facturación como en España.
Así, la compañía ya presentó un recurso contencioso-administrativo contra el impuesto especial en la Audiencia Nacional y acudió a los tribunales europeos, porque considera "que es injusto también a nivel europeo", añadió.
Además, advirtió de que en el caso de que en la Audiencia Nacional se tumbe el recurso de la empresa, Repsol irá al Tribunal Constitucional, ya que cree que el gravamen "es inconstitucional y además está rompiendo la competencia europea".
"Estoy convencido que vamos a ganar al final del camino porque algo que es injusto, ilegal, discriminatorio y está impactando en términos negativos no puede ser en cualquier caso que se apruebe, y tenemos que intentar resolver el problema. Por supuesto en términos legales, y confiamos en nuestro sistema judicial y también en el marco constitucional", aseveró.
