- La pandemia disparó el gasto público a unos niveles que, sumados a los que ya se acumulaban, están causando preocupación en la Comisión Europea. Bruselas recomendó ayer a España que aplique una política fiscal “prudente” ante los “elevados” indicadores de déficit y deuda pública, que son “bastante superiores” a lo que ya marcaban antes de que arrancase la crisis sanitaria hace casi dos años y medio. Es la segunda admonición de la Comisión a España en una semana, después de la rebaja de las previsiones de crecimiento que proyectó hace unos días. No obstante, la Comisión echó una mano ayer al Gobierno y al resto de Ejecutivos de la Eurozona, al proponer dejar un año más suspendidas las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que establecen un tope del 3% al déficit público y del 60% a la deuda.

Esta última es la que inquieta particularmente al gobierno europeo. El vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, volvió a advertir a España de los altos niveles de deuda, tanto pública como privada y externa, que exceden los baremos “prudenciales”, pese a caer durante el año 2021 gracias a que la recuperación económica propició que muchos trabajadores saliesen del ERTE. Antes estos “desequilibrios”, que se añaden a la incertidumbre generada por la guerra de Ucrania y la inflación, el Ejecutivo comunitario propone “ajustar” el gasto a la evolución general de la economía y, de cara al año que viene, la implementación de una política fiscal “prudente” que asegure una reducción de la deuda “creíble” y “gradual”, así como una sostenibilidad fiscal a largo plazo.

En este sentido, Bruselas confía en los efectos de la reforma laboral para atajar la “segmentación” del mercado laboral entre temporales e indefinidos, además del elevado paro juvenil, dos aspectos en los que ya ha incidido con anterioridad. En este sentido, instó al Gobierno a que haga realidad el Plan de Recuperación y Resiliencia en los próximos años. Por otra parte, la Comisión Europea alertó de los riesgos que plantean a la recuperación los préstamos dudosos, que comprometen el restablecimiento de sectores productivos con alto consumo energético y los que más han sufrido el embate de la crisis, como la industria turística.

Precisamente, en el ámbito energético, que tantos quebraderos de cabeza está dando al Ejecutivo de Sánchez en los últimos meses, la Comisión recomienda a España que reduzca su dependencia de los combustibles fósiles y acelere el desarrollo y empleo de energías renovables, además de mejorar su interconexión energética y la infraestructura destinada al hidrógeno y la electrificación del transporte.

Por otra parte, y en una decisión esperada, la Comisión propuso también mantener congeladas durante 2023 las reglas europeas de control del déficit y la deuda públicos, un año más de lo previsto debido al impacto de la guerra en Ucrania sobre la economía de la Unión Europea. La presión de países como Francia, Italia y España ha resultado fundamental para una idea que, Alemania y Países Bajos, férreos defensores de la ortodoxia fiscal en el bloque europeo, han aceptado a regañadientes, en especial Berlín.

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, explicó que si bien la UE “está lejos de la normalidad económica”, Bruselas no propone “un retorno al gasto sin límite” y la medida ayudará a los países a “transitar del apoyo universal dado durante la pandemia a medidas más específicas” para mitigar el impacto del conflicto en Ucrania. l