- El Ministerio de Trabajo propuso ayer a los agentes sociales subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros brutos mensuales en catorce pagas y con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero, lo que supondría una subida de 35 euros sobre los actuales 965 euros mensuales. Esta medida beneficiaría a casi 49.000 vascos que actualmente cobran el SMI, en su mayoría empleadas del servicio doméstico, personal de hostelería y del sector primario.
En el conjunto del Estado, esta nueva subida afecta a dos millones de personas, sin embargo, no impacta de igual forma en todas las comunidades autónomas. Y es que mientras que el SMI representa aproximadamente dos tercios del sueldo medio de un trabajador extremeño, no llega ni a la mitad de lo que gana un asalariado en Euskadi. Es por ello que los sindicatos vascos abogan por establecer en el territorio un salario mínimo de 1.400 euros, que sería realmente el 60% del sueldo medio en la CAV.
“¿A mí qué me gustaría? Tener un salario mínimo de 1.000 euros. Esto es lo que vamos a trabajar, pero voy a escuchar hasta el miércoles todas las posiciones y ojalá seamos capaces de llegar a puntos de encuentro”, manifestó Díaz. Según la vicepresidenta, subir el salario mínimo “es una de las mejores herramientas para avanzar en igualdad”.
Díaz se reunió ayer con los agentes sociales -representantes de los sindicatos CCOO y UGT, así como de las patronales CEOE y Cepyme- para acordar una nueva subida del SMI tras los 15 euros del año pasado. Una vez realizada la propuesta, sindicatos y empresarios se darán un tiempo, hasta mañana, para consultar y debatir el ofrecimiento del Ministerio en sus respectivos órganos de dirección. “El miércoles, con acuerdo o sin acuerdo, las negociaciones quedarán concluidas”, apuntaron desde CCOO. “El miércoles debería ser el punto y final de estas reuniones y que la subida sea con carácter retroactivo”, coincidieron desde UGT.
Sin embargo, las posturas, por el momento, se mantienen alejadas. La propuesta de la ministra de Trabajo coincide con el objetivo que se han puesto CCOO y UGT: alcanzar los 1.000 euros. En cambio, las patronales abogan por mantenerlo tal y como está. De hecho, tanto el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, como el de la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), Gerardo Cuerva, han advertido al Gobierno de que puede haber “una contracción importante del empleo” si se da una nueva subida del salario mínimo.
Las patronales apelan a que muchas empresas todavía no se han recuperado de los efectos de la crisis económica de la covid. “Lo de los 1.000 euros lo veo complicado. Hay un problema de solvencia en las empresas. Todavía las más pequeñitas están bastante ahogadas. Llevamos dos años muy complicados”, comentó la semana pasada Garamendi. Esa es la misma postura que mostraron durante la anterior subida el pasado mes de septiembre, que finalmente fue aprobada solamente con el apoyo de los sindicatos.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, consideró que no debería haber “negociación” para subir el salario mínimo hasta los 1.000 euros en 2022, sino que lo que “toca” es que el Gobierno “tome la decisión”. En referencia a un posible rechazo de la patronal, Álvarez respondió: “Me parece que hay un cierto estrés, de necesidad, de acordarlo todo, no es tan sencillo”.
Asimismo, señaló que, si se emprendiera una reforma de cara a los próximos años, “tendría sentido”, pero no es el caso: “Me parece que, en estos momentos, lo que toca es que el Gobierno tome la decisión que, por otra parte, el conjunto de la sociedad en estos momento creo que conoce y que desea que se haga cuanto antes”, valoró el secretario general de UGT.
Después de pactar su incremento desde los 950 euros al mes hasta 965 el pasado mes de septiembre, el compromiso adquirido por el Ejecutivo con la Carta Social Europea sigue siendo colocar el salario base en el 60% del sueldo medio al final de la legislatura, en 2023. Para ello, las distintas horquillas planteadas por los expertos colocaban el aumento para 2022 entre 24 y 40 euros al mes, dependiendo de los distintos escenarios económicos. De acordarse lo propuesto por el Ministerio de Trabajo, la subida sería finalmente de 35 euros.