La reforma laboral incluirá una tasa para penalizar la alta rotación de temporales

La reforma pactada por las diferentes partes tiene entre sus principales objetivos la reducción de la elevada temporalidad en el mercado de trabajo. Y, en este sentido, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, confirmó ayer que la norma incluirá una “tasa” para penalizar a las empresas que incurran en una rotación abusiva de contratos temporales.

Escrivá defendió ayer la reforma laboral en contra de quienes opinan que no es tan profunda como se esperaba y que no deroga totalmente la reforma de Rajoy de 2012. Para el ministro, se trata de una reforma “muy ambiciosa”, que nace del consenso con los agentes sociales tras una negociación “muy prolija”, y en la que “abrumadoramente” se abordan los problemas y las deficiencias del mercado laboral. Por ello, “no tiene ninguna duda” de que recibirá “un gran apoyo parlamentario” pese a las quejas de algunos grupos, como el PNV, por ciertos contenidos de la misma. Entre los problemas que trata de afrontar la reforma se encuentran la precariedad y la “enorme temporalidad”. “Esto se aborda claramente, simplificando los contratos y haciendo del contrato indefinido el contrato central, pero con márgenes de flexibilidad”, subrayó Escrivá.

La norma establece que el contrato de trabajo ordinario será el indefinido y que sólo podrán hacerse dos tipos de contratos temporales: el estructural y el formativo. El primero de ellos, el estructural, sólo podrá responder a dos causas: por circunstancias de la producción y por sustitución de otro trabajador con reserva de puesto de trabajo, siempre y cuando quede perfectamente especificado a quien sustituye el trabajador contratado.

Por su parte, el contrato por circunstancias de la producción sólo podrá concertarse por incrementos ocasionales imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda, por un tiempo máximo de seis meses, ampliables a doce si así lo establece el convenio colectivo sectorial de turno. Esta causa podrá emplearse en situaciones previsibles, como las campañas de Navidad o agrícolas, por un periodo máximo de 90 días al año no consecutivos.

Además, el acuerdo establece reducir a 18 meses en un periodo de 24 meses el plazo de encadenamiento de contratos para adquirir la condición de trabajador indefinido, frente a los 24 meses en un periodo de 30 meses vigente actualmente. El incumplimiento de las normas que regulan la contratación temporal llevará a que el trabajador sea considerado indefinido. De hecho, se elevarán las sanciones contempladas en la Ley de Infracciones y del Orden Social (LISOS) por el uso fraudulento de la contratación temporal, estableciéndose multas por cada situación fraudulenta y no por empresa. Y se penalizará a las empresas que incurran en una rotación abusiva de contratos temporales.

La reforma también persigue acabar con el recurso abusivo del despido mediante una fórmula ensayada en la pandemia: los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), un modelo que la reforma “moderniza, generaliza y extiende”, según Escrivá.

Pese a que algunos socios del Gobierno de coalición han manifestado su intención de modificar la reforma laboral en el trámite parlamentario, Escrivá cree que la norma saldrá adelante con un gran apoyo. “Hay que respetar el trámite parlamentario, por supuesto, pero estoy convencido de que una reforma como ésta, tan ambiciosa va a recibir gran apoyo parlamentario, no tengo ninguna duda”, subrayó.

Amenaza de Garamendi. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha amenazado con descolgarse del acuerdo social para la reforma laboral si el texto pactado se modifica a su paso por el Congreso, donde algunos socios del Gobierno de coalición no han dado por seguro su apoyo a la norma tal y como está redactada. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, avanzaba que iniciaría ya una ronda de contactos con sus socios parlamentarios para que apoyen la nueva reforma laboral. Sobre la posibilidad de que finalmente la reforma laboral sea tramitada en el Congreso como proyecto de ley para poder incluir enmiendas, el portavoz del PSOE señaló que “una vez que se presente” en la Cámara Baja verán “qué opciones” hay. Así las cosas, el presidente de la patronal manifestó que “lo pactado no se toca (...) El Parlamento tiene legitimidad de aprobar o no, pero entonces no será nuestro acuerdo será otra cosa”.