- Moncloa ya tiene amarrado un acuerdo largamente ansiado. Gobierno, patronal y sindicatos comunicaron en la mañana de ayer, tras una jornada previa de intensas negociaciones, que han alcanzado un acuerdo para la reforma laboral, un texto que rezuma ambición por la altura de sus propósitos: reducir la temporalidad contractual y proclamar la prevalencia de los convenios sectoriales por encima de los de empresa. Tanto el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se apresuraron a transmitir su satisfacción por un pacto que la también vicepresidenta segunda calificó de “histórico”, aunque no rompa del todo con los cambios introducidos por el Gobierno del PP en 2012.

El acuerdo, que será aprobado el próximo martes en el Consejo de Ministros, entrará en vigor coincidiendo con el nuevo año. Sánchez cumplirá así con una de las directrices de la Comisión Europea, que había presionado para alcanzar un acuerdo que se espera haga más rápido el proceso para el desembolso de los fondos europeos. Bruselas desea que la llegada de las ayudas para la reconstrucción económica por la pandemia se acompañe con reformas y la del empleo, junto con la de las pensiones, son las que más urgencia requieren, a juicio del gobierno comunitario. Son los compromisos establecidos con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación Económica. A diferencia de la de 2012, donde el desacuerdo sindical fue patente, este texto sí goza del beneplácito de todas las partes.

Los sindicatos UGT y CCOO aprobaron el acuerdo por unanimidad, mientras que en la CEOE la mayoría de sus organizaciones también lo respaldaron. Desde el principio de la negociación, la temporalidad y la negociación colectiva han sido los dos puntos que mayor debate necesitaron entre todas las partes. El mercado laboral español ha tenido en la elevada temporalidad uno de sus problemas crónicos. La nueva norma establece que, a partir de ahora, el contrato indefinido deberá ser la modalidad ordinaria de contratación y que solo podrán hacerse dos tipos de vinculaciones temporales: el estructural y el formativo.

El primero sólo podrá justificarse por circunstancias de la producción -con un máximo de seis meses ampliables a doce si así lo establece el convenio colectivo- y por sustitución de otro trabajador con reserva del puesto. Asimismo, se acuerda reducir a 18 meses en un período de 24 el plazo de encadenamiento de contratos para adquirir la condición de indefinido, una rebaja de seis meses con respecto al acuerdo vigente. Incumplir las normas de la contratación temporal conllevará de manera automática que al trabajador se le garantice el estatus de indefinido.

Además, la nueva legislación laboral va a suponer un impulso al contrato fijo discontinuo en sectores de naturaleza estacional o actividades de temporada. Podrán acogerse a esta modalidad, por ejemplo, los trabajos en contratas administrativas o mercantiles.

Surgida al calor de la crisis provocada por la recesión financiera de la década pasada, la reforma laboral de 2012 desequilibró las relaciones laborales, dando en muchas ocasiones prioridad al convenio de empresa por encima del sectorial. Corregir esta inestabilidad era una de las prioridades de los dirigentes sindicales. A partir de ahora, se restaura la denominada ultraactividad plena, de forma que los convenios colectivos se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos, sin un límite de tiempo. Hasta ahora, ese límite estaba fijado en un año.

Asimismo, en concepto de remuneración salarial, el convenio sectorial recupera la primacía sobre el de empresa, aunque éste podrá regular la elección del empleado entre abono o compensación de horas extra, así como el horario y la distribución del tiempo de trabajo, pero no la jornada laboral. A contratas y subcontratas también se les aplicará el acuerdo del sector. Además, la nueva reforma laboral incluye un pacto para potenciar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, los ERTE, para evitar los despidos colectivos. Este mecanismo se reveló el pasado año, durante la pandemia, como una de las herramientas de mayor consenso y utilidad para impedir la salida no deseada de muchos trabajadores.

Si bien la reforma no deroga todos los aspectos de la de 2012, como exigía Podemos, la rúbrica del nuevo texto permite a Yolanda Díaz recobrar impulso político y a Sánchez asumir también sus réditos. Las discrepancias entre Díaz y la ministra de Economía, Nadia Calviño, hicieron temer por el descarrilamiento del diálogo en la última fase de una negociación que se ha extendido durante casi un año. Díaz, además, se comprometió a que la reforma también se debata en el Congreso.