Crecen un 73% las prestaciones del Fogasa en Euskadi, con 32 millones de euros en pagos

En Euskadi, el Fogasa tuvo que atender en los primeros once meses de año a trabajadores de un total de 729 empresas. Los afectados fueron 2.165 hombres (que percibieron 23,2 millones de euros) y 999 mujeres (que recibieron 8,2 millones de euros). De la cantidad aportada en el periodo enero-noviembre, un total de 9,5 millones de euros fueron pagos de salarios y 22,5 millones de euros por indemnizaciones, según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En relación a los once primeros meses del pasado año, este ejercicio han aumentado en 192 las empresas que no han podido hacer frente al pago de salarios e indemnizaciones a sus trabajadores. Como consecuencia de ello, el número de empleados asistidos por el Fogasa ha aumentado en 872.

Ya en los primeros diez meses del año se superaron las cifras de operarios asistidos y cantidad gastada en todo el ejercicio 2020, cuando se hicieron pagos por 21,5 millones de euros en prestaciones a 2.770 trabajadores. Hasta el pasado mes de octubre, un total de 2.961 trabajadores vascos recibieron prestaciones por valor de 29,8 millones de euros del Fogasa. Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de la cantidad aportada en el periodo enero-octubre, 8,7 millones de euros fueron pagos de salarios y 21 millones de euros por indemnizaciones.

En Euskadi, el Fogasa tuvo que atender de enero a octubre a trabajadores de 677 empresas. Los afectados fueron 1.990 hombres (que percibieron 21,7 millones de euros) y 908 mujeres (que recibieron 7,5 millones de euros). Por su parte, en el conjunto del Estado español, el Fogasa asistió económicamente a 61.122 trabajadores, por lo que tuvo que hacer frente a un desembolso de 480,2 millones de euros.

Hablar del Fogasa es sinónimo de problemas laborales, pero aunque este organismo actúa en casos de deudas de las empresas a sus trabajadores, lo cierto es que gracias a esta institución el ciudadano se garantiza el cobro de parte de las cantidades no abonadas por los empresarios y, por lo tanto, se concibe como un escudo que reduce el impacto de los impagos, especialmente en las situaciones de concurso de acreedores o insolvencia.

Este organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social garantiza a los trabajadores la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago a causa de insolvencia o procedimiento concursal del empresario.