- El Parlamento Vasco puso el broche ayer a la nueva Ley de Aportaciones que blinda el mecanismo de reparto de ingresos entre las instituciones de la CAV para los próximos cuatro años. Es una ley que estaba pendiente de renovar desde 2011 y que, una vez refrendada, permite enterrar el enfrentamiento que mantenían las diputaciones por esta cuestión. Entre las novedades destaca la inclusión en la ley de la financiación de las últimas competencias asumidas por Euskadi, caso de la gestión de autopistas, el transporte por carretera o las prisiones, que elevan ligeramente el porcentaje de recursos que entregan anualmente las haciendas forales al Gobierno Vasco.
El visto bueno ayer de la Cámara vasca, sustentado en los votos de PNV y PSE, era un trámite que viene a refrendar el acuerdo entre las instituciones vascas este pasado verano. Fue en el Consejo de Finanzas extraordinario de julio en el que Lakua, los tres herrialdes y los ayuntamientos cerraron con diez años de retraso la renovación de la Ley de Aportaciones, un asunto que coleaba en cada reunión interinstitucional para hablar de cuánto dinero se queda cada parte.
Este venía siendo una cuestión más que delicada, especialmente en épocas con diferentes signos políticos en las cuatro principales instituciones de la CAV pero tirante también incluso con un mapa político monocolor. Básicamente porque Araba y Gipuzkoa se sentían perjudicadas en relación a Bizkaia con el sistema de reparto, lo que obligaba a reajustes posteriores como mecanismo de compensación.
La nueva ley no varía el método por el que se calcula qué parte de sus ingresos aporta cada hacienda foral a la bolsa común de la que sale el presupuesto de Lakua (el llamado coeficiente horizontal) aunque sí incrementa en casi medio punto, hasta el 1,45%, el Fondo General de Ajuste, lo que da garantías a los territorios, según valoraron tanto las diputaciones como el Gobierno de Iñigo Urkullu en verano cuando se alcanzó el acuerdo.
Este mecanismo de compensación se puso en marcha en el inicio de 2019 precisamente para corregir desviaciones y evitar que ninguna diputación aportara más de lo que le corresponde. El propio consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, encargado de defender ayer la Ley de Aportaciones en el Parlamento, indicó que el sistema sigue sin satisfacer plenamente a todas las instituciones, pero se coincide en que es el mejor que se puede pactar.
En cuanto al coeficiente vertical, que es el porcentaje de ingresos que se queda el Gobierno Vasco, este pasa del 70% al 70,8% un incremento que se justifica por los nuevos gastos a los que debe hacer frente el Ejecutivo, principalmente por la asunción de nuevas competencias de manos del Gobierno español. Hay que recordar que son las tres haciendas forales las que recaudan los principales impuestos en Euskadi, y de este caudal de dinero debe salir el grueso del presupuesto del Gobierno Vasco, que es el que controla los servicios públicos de mayor coste como Osakidetza, educación o las ayudas sociales que presta Lanbide, caso de la RGI. Así, más de siete de cada diez euros recaudados por las diputaciones va a manos de Gasteiz.
En cuanto a ese repunte del porcentaje que se destina al Ejecutivo, desde el departamento de Economía y Hacienda se destaca la importancia de que la propia ley integre estas últimas competencias, incluidas las más recientes como prisiones o la gestión de las autopistas AP-68 y AP-1, con su correspondiente financiación. También se amplía de 20 a 35 millones la cuantía destinada a servicios sociales.
Otra novedad significativa es el papel que tienen en la ley los municipios, que dieron su visto bueno a la nueva normativa en verano a través de Eudel y que blindan de esta forma su financiación. En concreto se establece un porcentaje mínimo de participación de los ayuntamientos en los tributos concertados del 39,23%, en torno a punto y medio por encima de la última ley.
“Esta no es una ley cualquiera. Representa una parte importante de la columna vertebral hacendística de Euskadi”, señaló ayer el consejero Azpiazu en la Cámara vasca. “La ley proyecta tranquilidad en escenarios económicos convulsos como los que estamos viviendo”, señaló el titular vasco de Economía y Hacienda.
En ese sentido hay que tener en cuenta que en unos días, el próximo 15 de octubre, Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos se sentarán en el tradicional Consejo Vasco de Finanzas de otoño, en el que se esbozan los presupuestos disponibles para el próximo curso. Llegar a esa fecha con la ley aprobada aporta “seguridad y certidumbre” a todas las instituciones en un momento en el que el estímulo público es vital para dejar atrás la crisis derivada del covid, remarcan desde el departamento de Azpiazu.
Elogiada por PNV y PSE, socios en el Ejecutivo de Gasteiz, la ley contó con el rechazo del resto de grupos de la Cámara vasca, que consideran que no se solucionan las diferencias entre instituciones en el tema de la financiación.
Desde EH Bildu se criticó que la Ley de Aportaciones se ha cerrado “en un despacho de Sabin Etxea” mientras que Elkarrekin Podemos lamentó que “se ha perdido una oportunidad” para repensar el modelo fiscal vasco, que “perpetúa el desequilibrio” y “penaliza a los ayuntamientos”.
Itxaso Berrojalbiz, del PNV, destacó que la ley “aporta estabilidad” en un contexto económico complicado en el que a las instituciones se les demanda “un enorme esfuerzo inversor”. “El acuerdo marca un hito y permitirá a todas las instituciones arrancar 2022 con unos presupuestos asentados y con certidumbre”, señaló Berrojalbiz.
“No es una ley cualquiera. Proyecta tranquilidad en escenarios económicos convulsos como los que estamos viviendo”
“Es una de las leyes que más cohesión aporta al complejísimo entramado institucional y financiero de Euskadi”
Consejero de Economía y Hacienda
