- Gobierno español, CCOO y UGT llegaron ayer a un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) 15 euros, hasta los 965 euros mensuales por catorce pagas, a partir del 1 de septiembre. El sueldo mínimo interprofesional se continuará incrementando durante los próximos dos años, hasta 2023, fecha en la que deberá ser equivalente al 60% del salario medio en el Estado en esas fechas para el final de la legislatura.

El acuerdo no añade más detalle respecto a la senda de subida, si bien para los sindicatos es suficiente el “compromiso inequívoco” de que en 2023 el SMI será el 60 % de la media salarial del país, ha dicho el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

La cuantía acordada para lo que queda de 2021 se corresponde con el valor medio de la horquilla recomendada en junio pasado por la comisión asesora para el análisis del SMI, que fue de entre 12 y 19 euros para 2021. El dictamen de la comisión proponía alcanzar, progresivamente, un máximo de 1.049 euros mensuales en 2023.

Los 15 euros mensuales que aplicarán desde septiembre equivalen a un alza del 1,57 %, similar a la subida media que se está pactando en los convenios colectivos (1,54 % hasta julio).

La subida, que podría aprobarse en el próximo Consejo de Ministros, es resultado de la mesa específica de diálogo social que empezó el 1 de septiembre y de la que se han descolgado las patronales CEOE y Cepyme, contrarias a adoptar una nueva subida del salario mínimo en este momento.

Las organizaciones de empresarios consideran que la subida puede perjudicar la creación de empleo y fomentar la economía sumergida.

Los firmantes del acuerdo destacaron, por el contrario que “el SMI supone una garantía de protección a las rentas del trabajo de las personas trabajadoras más vulnerables y actúa como un importante factor de equidad además de ser una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza laboral”.

Para Sordo, el acuerdo es “muy importante para mejorar las condiciones salariales de la gente que menos recursos tiene”.

“Estamos satisfechos porque se cumplen los dos objetivos que nos situábamos: que esa senda empezara en 2021, tuviera una segunda subida en el año 2022 y concluya en el año 2023”, ha añadido.

UGT destacó del acuerdo que se produce en un contexto de dificultad, con el repunte de la inflación al 3,3 % en agosto y las subidas “desmesuradas de la luz”, ha dicho el vicesecretario general de política sindical, Mariano Hoya. UGT anima al Gobierno a ser valiente y convocar la mesa de negociación para que el 1 de enero de 2022 el salario mínimo esté ya en 1.000 euros.

Del acuerdo se descuelgan las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que llevan semanas defendiendo que no es el momento de elevar el salario mínimo dado que la economía española se encuentra en los inicios de la recuperación y la creación de empleo podría verse dañada. En este sentido, Cepyme publicó esta misma semana un estudio, en colaboración con la agencia Randstad, en el que advertía de que situar el SMI en 1.000 euros mensuales en 2022, con un aumento intermedio de 19 euros en 2021, podría destruir entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo hasta 2023.

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmaba ayer que subir el salario mínimo interprofesional este año hará que haya “menos empleo” y “más economía sumergida”.

Poco después de trascender que el Gobierno ultimaba un acuerdo con los sindicatos, Garamendi insistía en que no es el momento para un incremento. “Ellos verán”, subrayaba el presidente de la CEOE, que añadía que esta no es una subida que afecte a las grandes empresas del Ibex 35, sino al pequeño empresario del campo, al autónomo o al empleo doméstico.

“En los últimos tres años el SMI ha subido un 30% y venimos de una situación complicada con la pandemia”, señalaba. “Va a haber menos empleo, va a haber más economía sumergida podemos llegar a que el Gobierno dentro de dos años prácticamente coloque el salario a 4 millones de personas y eso rompe el diálogo social”.

Negociación. UGT pide que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se prorroguen hasta enero de 2022 y se apruebe en el Consejo de Ministros del 28 de septiembre. UGT participó ayer en la primera reunión entre Gobierno, patronal y sindicatos para negociar la extensión de esta herramienta, que termina el 30 de septiembre. El sindicato expresó su preocupación por la garantía de reposición de las prestaciones por desempleo consumidas en ERTE covid, la protección de los trabajadores con contrato fijo discontinuo o la elaboración de listas de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) afectadas por los ERTE de impedimento o limitación.