- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, descartó que se pueda bajar el precio de la luz a corto plazo. “Es demagogia barata o no saber de lo que se está hablando”, señaló. Y explicó que en estos momentos hay elementos de la factura fuera del control del gobierno, como los precios de las materias primas para producir energía (gas y petróleo), los costes por emisiones CO2 y el diseño común del mercado europeo. “Es muy probable que en los próximos meses se mantengan los precios altos”, apuntó, aunque confió en que estos se presenten “a niveles más bajos que los de estos días por una demanda asociada al calor y a una menor disponibilidad de la generación eólica”.

Tras cinco días de récords consecutivos, el precio medio de la electricidad baja hoy un 2,3% y se situará en 114,63 euros megavatio hora (MWh). A pesar de ello, sigue siendo elevado. De hecho, en la comparación interanual, el precio del pool, que se utiliza de referencia en el Estado para calcular la tarifa regulada que se paga en unos 10 millones de hogares, es casi cuatro veces superior a los 31,55 euros/MWh que costaba en el segundo sábado de agosto de 2020. Por franjas horarias, oscilará entre los 130 euros/MWh que costará entre las 22.00 y las 23.00 horas y los 89,14 euros que se pagarán entre las 16.00 y las 17.00 de la tarde.

Para la ministra, el problema de la factura de la luz “requiere seguir trabajando” e insistió en que “no hay varitas mágicas para cambiar este problema de fondo y estructural”. Acerca de la introducción de cambios estructurales en el mercado de la energía, la titular de Transición Ecológica aseguró que “es imposible tener precios de la electricidad razonables mientras tengamos combustibles fósiles (para producir energía) y se dependa de la volatilidad de los mercados internacionales”.

En relación a la posibilidad de crear una empresa pública para gestionar las concesiones hidroeléctricas que vayan liberándose, Ribera detalló que en el Estado hay un número importante de explotaciones hidroeléctricas, más de 200, cuyas concesiones terminan a lo largo de esta década, dos de ellas en dos años. No obstante, recordó que el Estado ya cuenta con plantas hidroeléctricas gestionadas por confederaciones hidrográficas, por lo que ahora el Gobierno pretende “trabajar y actualizar las condiciones”, y ver si se crear una empresa pública o se gestionan directamente por las cuencas hidrográficas. “Las condiciones en las que se firmaron las concesiones de hidroeléctricas no tienen nada que ver con las situaciones ahora, por eso estudiamos cómo gestionarlo mejor y hacerlo de manera centralizada”, aclaró.

La ministra puntualizó que, tras abordar esta cuestión, la empresa pública estaría sometida a las mismas reglas europeas, por lo que no se podría vender por debajo del precio, porque eso sería considerado por la Comisión Europea como ayuda de estado, ni podría tener un tamaño tan significativo como lo pudieran tener otros operadores determinantes en el corto plazo. Sobre este debate, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, señaló que el Gobierno no está hablando de nacionalizar ninguna empresa energética y explicó que se está analizando, en el caso de las explotaciones hidráulicas, cuál es la mejor respuesta, ante la escalada en el precio de la luz.

“No estamos diciendo que vamos a hacer una empresa pública energética, estamos diciendo que vamos a analizar en el caso de las explotaciones hidráulicas cuál es la mejor respuesta”, aclaró. Un día antes, Ribera abrió la puerta a “disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema de concesión distinto o a través de una empresa pública según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas, que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía”. Sobre esto, Aagesen explicó que el Gobierno está trabajando en dar una respuesta en aquellas concesiones que caducan y finalizan su concesión, priorizando aquellas que tienen que ver con el cambio climático, las necesidades de agua, así como con necesidades sociales y energéticas.

“No estamos prejuzgando quién va a gestionar estas concesiones, pero sí estamos analizando cuál es la opción que maximizaría esas necesidades”, destacó. La secretaria de Estado manifestó que crear o no una empresa pública con esas concesiones no ofrece una respuesta inmediata para bajar la factura, y afirmó que en los próximos 15-20 días el Gobierno no tendrá una respuesta sobre las concesiones caducadas. “Las soluciones rápidas no son las mejores. Estamos buscando soluciones que den respuesta de manera robusta”, remarcó.

“Es muy probable que en los próximos meses se mantengan los precios altos”

Ministra para la Transición Ecológica

“No estamos diciendo que vamos a hacer una empresa pública energética”

Secretaria de Estado de Energía