- La reforma de las pensiones en una primera lectura sólo beneficia al colectivo de jubilados en activo pues han conseguido que en los próximos años se mantenga el poder adquisitivo al vincular la cuantía de las percepciones a la evolución del IPC pero no se ha conseguido una fórmula para equilibrar los ingresos y los gastos de la Seguridad Social en los próximos años, al menos esa es la valoración del Rafael Domenech, de BBVA Research.
Los agentes sociales valoran el consenso y la certidumbre que aporta al colectivo de pensionistas temas como ligar la pensiones al IPC pero reconocen que el déficit del Estado va a crecer y que quedan temas muy importantes de cara a la sostenibilidad futura del sistema por acordar
La reforma pactada de momento, no mejora la sostenibilidad de las cuentas públicas y aplaza las decisiones más difíciles.
Las grandes líneas del acuerdo -“se ha recuperado el consenso frente a la imposición de la anterior reforma del PP”, resalta Oscar Arenas, de CCOO de Euskadi-, se han centrado en asegurar el poder adquisitivo de los 9 millones de pensionistas actuales, intentar acercar la edad real de jubilación con la teórica, con mayores penalizaciones para las jubilaciones anticipadas, e incentivar unas mayores carreras laborales de cotización.
La reforma de pensiones, que se prevé que entre en vigor en 2022 tras su paso por las Cortes, suprimirá los aspectos más polémicos de la reforma de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.
El texto recoge, según destaca Carolina Mugica, de Confebask, “la culminación del proceso de separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social a lo largo de la legislatura”. De hecho, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, estableció un plazo de 24 meses para eliminar el déficit de la Seguridad Social.
Esta medida es positiva, según Oskar Arenas, de CCOO de Euskadi, porque “por primera vez se habla de cuadrar las cuentas de la Seguridad Social trabajando sobre los ingresos y no sobre la reducción de gastos” pero, a la espera de conocer los números reales ,“eso no está claro. El déficit se va a pasar de unas partidas a otras de las cuentas del Estado pero no parece que se vaya a corregir con esta reforma”, destaca Rafael Domenech, del BBVA. Es más, el representante del banco muy crítico con la reforma, en especial con la eliminación del factor de sostenibilidad, señala que “con las estimaciones actuales, la supresión de elementos como el citado factor de sostenibilidad y la revalorización de las pensiones con el IPC presionarán al alza el gasto en pensiones en más de tres puntos del PIB español en las próximas décadas, lo que se suma a un déficit de salida de dos puntos”.
Desde la organización empresarial vasca Confebask, Virginia Mugica, considera que “solo se ha aprobado una fase de la reforma, y es la que menos incidencia directa tiene en las empresas”. Para la representante de Confebask, están pendientes temas tan importantes como “la afección futura del sistema de pensiones a los autónomos y a sus cotizaciones, y el nuevo factor de sostenibilidad”.
