- La reforma del sistema de pensiones acordada por el Gobierno español de Pedro Sánchez con los agentes sociales, no resuelve los grandes números de la Seguridad Social a futuro pero desde todos los sectores consultados por DNA -sindicatos, organizaciones empresariales, entidades financieras y Federación de EPSV de Euskadi-, coinciden en destacar que se haya alcanzado un principio de acuerdo por consenso.

“Negociar implica ceder” y esto a veces se olvida en algunos ámbitos vascos, señalan. Por ello, más allá de las opiniones contrarias sobre el mayor o menor alcance de la reforma, empresarios y sindicalistas coinciden en valorar como positivo en el actual marco político del Estado, el haber llegado a un acuerdo sobre un tema que afecta a todos. Oskar Arenas, del sindicato CCOO de Euskadi destaca que “frente a la anterior reforma no pactada por el PP en 2013, está reforma de las pensiones se ha hecho retomando la senda del acuerdo, siguiendo las indicaciones del Pacto de Toledo”.

Virginia Mugica, de la organización empresarial vasca Confebask, reconoce que aunque en esta primera fase de la reforma no se han tocado temas con mayor incidencia empresarial, los representantes de las empresas “han ayudado a poner en valor el diálogo en un tema que es clave para la cohesión social y que da certidumbre y estabilidad a futuro”.

Para Mugica, las organizaciones empresariales han abordado la negociación de la reforma de pensiones “desde la responsabilidad y con un compromiso claro con el sistema público de pensiones”. La representante de Confebask valora que “adoptar los cambios por consenso y desde el acuerdo y el diálogo social le da una estabilidad necesaria a una reforma muy encorsetada por el mandato del Pacto de Toledo”.

Uno de los técnicos más críticos con los elementos aprobados, por insuficientes para asegurar la sostenibilidad futura de la Seguridad Social, es Rafael Domenech, de BBVA Research, pero, sin embargo, valora como positivo que las medidas adoptadas “lo hayan sido por un acuerdo público de calado, con amplios consensos sociales entre la sociedad civil y los representantes políticos”.

El sindicato ELA fue discordante al señalar que el diálogo social sólo ha servido para firmar un cheque en blanco al Gobierno para futuros recortes de pensiones.