- Las diferentes posturas en el seno del Gobierno español entre los dos partidos de la coalición en los temas económicos no dejan de aflorar un día sí y otro también. Ayer, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se alejó de la tradicional equidistancia del Gobierno a la hora de valorar las decisiones judiciales más allá de señalar su respeto por las mismas, y no dudó en calificar como “una gran noticia” la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declarando la nulidad del ERE en las plantas de la empresa Tubacex, pese a estar en pérdidas, ubicadas en las localidades alavesas de Amurrio y de Laudio que afecta a 129 trabajadores, con 95 despidos y 34 prejubilaciones y bajas incentivadas.
A través de un mensaje en las redes sociales, la ministra de Trabajo destacó que “tras 146 días de huelga los trabajadores y trabajadoras consiguen frenar los despidos”.
En sus sentencias, el TSJPV no ve acreditadas causas económicas en estos ERE y los vincula a la incidencia de la pandemia de covid-19, por lo que considera que la empresa no puede eludir la legislación laboral extraordinaria dictada para evitar la destrucción de empleo por la pandemia de coronavirus.
En este sentido, Díaz subrayó que proteger el empleo “como determinan las medidas aprobadas en esta pandemia” es, a su juicio, “una responsabilidad colectiva”.
Por su parte, el sindicato CC.OO. Euskadi mostró su satisfacción por las sentencias del TSJPV que han “tumbado” el ERE planteado por Tubacex y exigió “poner fin a las despiadadas políticas de despidos”.
Según Comisiones Obreras la compañía deberá incorporar a sus puestos de trabajo a los afectados por el ERE e ingresarles los salarios de tramitación.
Para el sindicato, la justicia “ha dado la razón” a las plantillas, como ocurrió en el caso de PCB, y cree que “la lucha y constancia de las trabajadores” ha “tumbado el ERE impuesto por la dirección”.