La naturaleza del ticket será lo de menos. Dará igual que corresponda al coste de un café con un pincho en el bar del barrio, unos pantalones en el comercio de turno o la reparación de la lavadora por parte del autónomo contratado. Lo mismo que si trata de un proyecto vendido de máquina herramienta o del paquete de piezas estampado para un fabricante de automóviles. El nuevo sistema de control de facturas -conocido como TicketBAI- que las haciendas Forales y el Gobierno Vasco llevan meses explicando ante su inminente implantación, ha venido definitivamente para quedarse. Y con él, un reguero de preguntas, dudas y críticas entre quienes van a verse afectados ante una nueva normativa llamada a combatir el fraude fiscal y los pagos en B.
Porque con independencia del volumen de facturación o actividad, la implantación del TicketBAI va a tener un impacto directo en todas las personas físicas y jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que desarrollen actividades económicas y que estén sujetas a la competencia normativa foral en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades. Desde el autónomo y el comercio local, hasta las pymes y grandes multinacionales. El nuevo sistema de control permitirá que los tickets queden registrados de forma automática en los servidores de Hacienda y el consumidor podrá hacer un seguimiento on line de que se ha cumplido con las obligaciones tributarias. E incidirá con especial celo en aquellas actividades que se desarrollen en sectores proclives a la entrega de bienes o prestaciones de servicios al consumidor final como bares, restaurantes y comercios, donde el pago suele tener lugar en gran medida en efectivo. Después de un retraso de un año motivado por la pandemia, en Álava será a partir del próximo 1 de enero de 2022 cuando este sistema comience a implantarse de forma progresiva y por sectores, al igual que en Gipuzkoa y Bizkaia.
Para entonces, pymes y multinacionales, además de autónomos, con domicilio fiscal en Álava deberán adaptar sus procesos de facturación para que sus tickets de ventas incorporen los metadatos exigidos por la Diputación. El objetivo, se insiste desde el ente foral, es incrementar la trazabilidad de los flujos de facturación para generar "un encadenamiento de las facturas emitidas, que estarán firmadas electrónicamente, de tal manera que se impida su borrado o manipulación posterior".
Por este motivo, se antoja "necesario y urgente" que las personas afectadas revisen y adapten sus programas de contabilidad y los terminales de venta (TPV) a la nueva normativa, advierte en este sentido Iraitz Pérez de Goldarazena, socio fundador de Oreka IT, consultora tecnológica alavesa especializada en servicios informáticos con dilatada experiencia en este tipo de modificaciones. Un escenario no exento de polémica que previsiblemente implicará una actualización del software para poder disponer de la tecnología necesaria y exigida por Hacienda y que podría suponer un coste añadido. En este sentido, y para evitar un perjuicio aún mayor dadas las actuales circunstancias derivadas de la pandemia, el precio será más bajo para quienes solo necesiten una adaptación a su programa de facturación, mientras que para quienes no posean un equipo informático y tan solo dispongan de cajas registradoras que no puedan ser susceptibles de adaptación, el coste será mayor. En cualquier caso, desde la Hacienda alavesa se barajarían deducciones especiales en las inversiones necesarias para actualizar dicho sistema.
La futura factura incorporará un registro digital en cada una de las ventas a través de un código QR. A partir de ahí, los técnicos forales recibirán dicha información por vía telemática y la procesarán, existiendo la posibilidad incluso de realizar una propuesta de declaración de impuestos -IVA, IRPF o Sociedades, según los casos- a los contribuyentes. "Aquellas empresas que utilicen software de gestión estandarizados como SAP tendrán distintas alternativas para adecuarse, pero quienes se gestionen a través de software desarrollado a medida deberán implementar su propia solución", explica Pérez de Goldarazena.
Aunque aún faltan varios meses para la implantación definitiva del TBAI, empresas del sector como esta consultora alavesa ya han comenzado a testar el punto de partida de su cartera de clientes. En su caso, el plan de actuación ha puesto el foco en un primer momento en las empresas de mayor tamaño (pymes y multinacionales), "que tienen procesos de negocio más complejos y requieren de proyectos de adaptación más largos". Solventado este período, comenzarán con el resto, si bien la incertidumbre en torno a su aplicación es algo que sigue marcando el día a día de empresas y autónomos. "Todavía no se sabe de qué forma empezará a aplicarse este sistema en 2022, pero conviene no demorar en exceso la adecuación de los procesos de negocio y el software de facturación para evitar disgustos, y depositar la confianza en empresas especializadas capaz de dar respuesta en tiempo y forma. Es clave", concluyen desde Oreka IT.
¿Qué es? Es un proyecto impulsado por las tres haciendas forales en colaboración con el Gobierno Vasco para implantar unas obligaciones legales y técnicas en el software de facturación utilizadas.
Objetivo. Asegurar que todas y cada una de las operaciones de venta realizadas sean declaradas para poder aumentar el control sobre los ingresos de pagos en efectivo.
¿A quién afecta? A todas las personas físicas y jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que desarrollen actividades económicas y que están sujetas a la competencia normativa de las haciendas forales vascas en el IRPF o en el IS.
Entrada en vigor. Se toma como referencia el 1 de enero 2022, si bien la implantación será gradual.
