-La Comisión Europea (CE) dio ayer viernes luz verde al nuevo paquete español de apoyo público a grandes empresas y pymes afectadas por la pandemia de coronavirus, que hayan redirigido su actividad a la producción de material médico o estén investigando el virus, entre otras.

Bruselas señaló que bajo este paquete se podrá otorgar apoyo público a la investigación sobre el covid-19, para infraestructuras de testeo, a las inversiones para la producción de “materiales relevantes” para el coronavirus, en forma de subsidios salariales a empleados para evitar despidos, y para el aplazamiento del pago de impuestos o de contribuciones a la seguridad social.

La vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo de Competencia, Margrethe Vestager, señaló que el paquete “permitirá a España apoyar su economía durante esta crisis” y afirmó que Bruselas seguirá trabajando con los países para asegurar que pueden poner en marcha este tipo de medidas de forma efectiva rápida y en línea con las normas europeas.

Las medidas que España ha notificado a Bruselas amplían además, según la CE, el primer paquete de ayudas que la Comisión ya había aprobado a principios de este mes.

En concreto, permitirá dar apoyo en forma de garantías, tipos de interés subsidiados y capital de inversión por un monto nominal de hasta 100.000 euros para empresas del sector agrícola, 120.000 euros en pesca y acuicultura y 800.000 euros en el resto de sectores.

“La medida permitirá que las autoridades españolas e todos los niveles, incluyendo el nacional, regional y local, otorguen las ayudas. Se destinan a pymes y grandes empresas y se aplican en todo el territorio español”, apuntó la Comisión. Además, señalan, las ayudas solo podrán concederse hasta finales de este año y únicamente a empresas que no estuvieran “en dificultades” a fecha del 31 de diciembre de 2019.

El Ejecutivo comunitario ha flexibilizado sus reglas sobre ayudas de Estado para garantizar que los países miembros puedan hacer frente a las consecuencias sanitarias y económicas del coronavirus, un cambio en vigor hasta el final de diciembre de 2020 pero que podría prorrogarse.