El Gobierno vasco ha emitido una orden en la que limita durante 12 meses el tipo de residuos que pueden ir a parar a los vertederos dado el problema de falta de espacio generado tras el colapso del vertedero de Zaldibar el pasado 6 de febrero, donde continúa la búsqueda de dos trabajadores sepultados.
El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, ha firmado este miércoles una orden con medidas temporales de urgencia para ciertos gestores y productores de residuos a consecuencia del "grave incidente" ocurrido en el vertedero de Zaldibar, propiedad de Verter Recycling.
En concreto y dada la situación "coyuntural de emergencia y déficit" de capacidad de vertido en el País Vasco se requerirá de la aprobación expresa del Departamento para admitir en vertederos vascos los residuos procedentes de otras comunidades autónomas.
El Gobierno calcula en 250.000 toneladas anuales el déficit de capacidad de los vertederos vascos tras el colapso de dicho vertedero y el cierre del de Mutiloa.
Esta cifra la obtuvo tras la reunión mantenida a mediados del pasado mes de febrero con los vertederos de la comunidad autónoma para analizar la situación generada tras el cierre de Zaldibar y Mutiloa, ya que entre ambos, recibían 850.000 toneladas de residuos, más de un tercio del total.
El Gobierno estimó que la capacidad adicional disponible en el resto de vertederos era de 440.000 toneladas anuales, por lo que se generaba un déficit de 410.000 toneladas que, finalmente, se calculó en 250.000 tras analizar las posibilidades de reciclaje de algunos residuos industriales.
Por ello, la orden impone a los dueños de los vertederos de residuos no peligrosos de Euskadi y a los productores de determinados residuos una serie de limitaciones.
Además se requiere a todos las plantas de reciclaje del País Vasco que tomen medidas para "alcanzar el máximo de su capacidad autorizada y para admitir con carácter preferente" los residuos del País Vasco.
El objetivo es minimizar el vertido de residuos industriales en los vertederos autorizados de Euskadi. Concretamente se quiere limitar el vertido de escorias blancas y negras procedentes de acería, residuos de construcción y demolición, lodos de depuradoras de aguas residuales urbanas, lodos calizos de la fabricación de pasta kraft, lodos de destintado de la fabricación de papel, arenas y finos de fundición férrea, y la fracción ligera de la fragmentación de vehículos.
Respecto a las escorias blancas y negras de acería y los residuos de construcción y demolición, la orden establece que solo se admitirán las restos de estos residuos una vez reciclados en plantas de valorización autorizadas.
Los residuos reciclados de lodos de depuradoras de aguas residuales urbanas necesitarán la aprobación expresa del órgano ambiental.
Pide a los productores de pasta kraft y de papel que no dispongan instalaciones de autogestión "soluciones urgentes a la problemática de sus residuos".
Respecto a la chatarra de vehículos, "únicamente serán admisibles en vertedero las fracciones de rechazo de estos residuos procedentes de plantas de desmetalización".
Si alguno de estos residuos llegasen a un vertedero, el titular debe rechazarlos y comunicarlo inmediatamente al órgano ambiental, señala la orden.
La consejería también incluye una solicitud al Ayuntamiento de Gasteiz, como titular del vertedero de Gardelegi, para que "acepte la mayor cantidad posible" de los residuos industriales generados en Araba"con independencia de cuál fuera hasta la fecha el vertedero de destino de dichos residuos".
Este emplazamiento se produce después de que el consistorio vitoriano informara al Gobierno vasco de que podía llegar a albergar "23.000 toneladas de residuos generados por empresas alavesas" que hasta ahora vertían en Zaldibar. Una cantidad que supone el 3 % de la capacidad actual del vertedero municipal de Gardelegi y un 23 % más de lo que actualmente recibe la infraestructura municipal cada año.
La concejala de Territorio y Acción por el Clima de Gasteiz, Ana Oregi, y el concejal de Planificación y Gestión Medioambiental, César Fernández de Landa, han sido los encargados de explicar este requerimiento a los grupos de la oposición en una reunión sobre el vertedero municipal celebrada este jueves en el Ayuntamiento.
El tiempo de vigencia de las medidas incluidas en esta orden es de un año, un plazo que podría ser ampliado por causas justificadas.
