Gasteiz -La baja tasa de natalidad del País Vasco de sólo 7,8 nacimientos por cada 1.000 habitantes, según el Eustat, la segunda más baja de Europa tras Italia (7,6) y muy por debajo de la media comunitaria de 9,9 e incluso de España (8,4), una población estancada en más de una década en 2,17 millones de personas y un paro cercano al 10% no ayudan a mantener la viabilidad del sistema de pensiones tal y como está concebido, porque en la CAV el número de trabajadores por pensionistas no llega a la cifra mínima aconsejable de dos.

En concreto, en Euskadi la tasa de trabajadores por cada pensionista es de 1,88, menos de dos que es la cifra que, según los técnicos, da una cierta garantía de viabilidad al sistema de la Seguridad Social. Dicho ratio es el sexto más bajo de todas las comunidades autónomas del Estado español.

Teniendo en cuenta que la esperanza de vida no cesa de crecer ya que, según los últimos datos del Eustat, un vasco al nacer hoy puede vivir más de 80 años, en el caso de ser varón, y más de 86 años si es una mujer, ¡cuando en 1980 las cifras eran de 71 y 78 años, respectivamente, el resultado es que el periodo en el que una persona está cobrando una pensión es mayor.

Y ello puede ser un problema porque no hay que olvidar que el sistema público de pensiones en España es el denominado de reparto en el que las cotizaciones de los trabajadores en activo están destinadas a pagar las pensiones existentes en este momento. Este principio se donimina también de solidaridad intergeneracional, porque la generación cotizante financia la pensión de la generación jubilada, y a su vez la primera será pagada por la generación que le sigue.

Esto funciona bien si por cada pensionista hay varios trabajadores en activo cotizando, pero si no es así, y Euskadi tiene menos de dos trabajadores por pensionista, las cuentas no cuadran. De ahí el déficit de la Seguridad Social que este año superará los 16.000 millones de euros, según las previsiones de la Airef.

Además, hay que tener en cuenta que la pensión media de jubilación en la CAV, la más alta del Estado, se ha situado en 1.403 euros mensuales en agosto, cuantía salarial que, desafortunadamente, no percibe parte del colectivo laboral en activo y con cuyas cotizaciones sociales hay que hacer frente, en teoría, a un gasto mensual en pensiones que en el caso de la CAV puede ascender a unos 690 millones de euros al mes, fruto de las 559.406 pensiones que se abonaron en agosto, de una cuantía media de 1.233 euros.

Para hacerse una idea de lo que supone el ratio vasco de 1,88 trabajadores cotizantes por cada pensionistas, hay que tener en cuenta que en Baleares se eleva a 3,45, la mejor del Estado, mientras que en Asturias, con una relación de 1,36, está el peor.

Dentro del País Vasco también hay apreciables diferencias entre territorios. Según la Seguridad Social, en Araba hay 2,2 trabajadores por pensionista, seguido de Gipuzkoa, con 1,89, mientras que Bizkaia, con más paro y una sociedad más envejecida, tiene el peor ratio, 1,78.

La media española, 2,18 En el conjunto del Estado español, según la Seguridad Social, la media es de 2,18 trabajadores por pensionista, un ratio que se mantiene prácticamente estable en los últimos años pero que presenta diferencias territoriales debido a la distinta composición demográfica de cada zona. Estas cifras apenas han experimentado cambios en los últimos meses. Hace un año, el ratio español era de 2,15, y Baleares tenía la mejor relación con 3,44 y Asturias la menos favorable con 1,35. La tasa estatal actual es inferior a la de hace una década (2,31), cuando había 7,7 millones de pensionistas y 17,96 millones de ocupados, momento a partir del cual la recesión afectó al empleo.

Caída del 2%. Las pensiones caerían un 1,87% si se aplicase el índice de revalorización sin tener en cuenta el suelo del 0,25% y el techo (IPC+0,5%), según se desprende de un estudio realizado por Willis Towers Watson.

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Recortes. Según su cálculo, las pensiones tendrían que haber caído un 2,52% en 2016, un 2,96% en 2017, un 2,58% en 2018 y un 2,13% en 2019, según el IRP teórico que publicaba la Seguridad Social en su informe económico de los Presupuestos.