vitoria - La ley sobre hipotecas que entrará en vigor el próximo día 16 genera preocupación entre los agentes implicados en la firma de este tipo de préstamos. La nueva regulación obliga a los bancos a enviar por vía telemática la documentación del crédito al notario para que este pueda asesorar al cliente antes de proceder a la firma, un requisito que el Consejo General del Notariado (CGN) ha resuelto a través de su propia plataforma digital (Ancert), dando la orden de usar únicamente este sistema. El problema es que muchas entidades habían optado ya por otros mecanismos que ahora no está claro si podrán utilizar. Una situación de incertidumbre que aviva el temor a que desde el día 16 pueda haber serios retrasos en la tramitación de hipotecas.

El origen del problema es puramente técnico, aunque si no hay un arreglo puede convertirse en un lastre para el sector bancario y, sobre todo, para los clientes. La cuestión es que la nueva ley obliga a las entidades financieras a enviar, como paso previo a la firma de la hipoteca, toda la documentación del contrato al notario para que este pueda contribuir al asesoramiento del cliente. La filosofía de la ley, que llega por mandato europeo, es reaccionar a los abusos cometidos por la banca y ampliar la información que llega a la contraparte. En definitiva, que el cliente sepa lo que está firmando.

La nueva normativa entrará en vigor el día 16 con más de tres años de retraso. Es una ley muy amplia que regula desde la asignación de los gastos hipotecarios a los requisitos para proceder al embargo, pero uno de los flecos que más dudas genera es cómo articular esa primera visita que tiene que hacer el cliente al notario al menos diez días antes de volver para firmar el contrato.

Para ello el banco deberá enviar al notario “por medios telemáticos seguros” toda la documentación. Algo que a priori debería ser sencillo pero que requiere de una aplicación informática específica para que el banco deposite sus datos. Las entidades, en la medida de sus posibilidades, han ido haciendo camino para estar listas a tiempo. La ley se aprobó en febrero -se pactó una moratoria de tres meses, que finalmente han sido casi cuatro- y no fue hasta el pasado 17 de mayo cuando desde el consejo notarial español se envió una orden, en base a su interpretación de la ley, por la que todos los envíos de información deben realizarse a través de Ancert, la plataforma del consejo.

Un movimiento que algunos notarios no ven con buenos ojos y que, en la práctica, está complicando aun más la adaptación de los bancos a la nueva ley. La mayor parte de entidades habían optado ya por poner en marcha otros mecanismos digitales para cumplir con este requisito, un trabajo al que ahora habría que dar marcha atrás a escasos días de que el nuevo sistema empiece a funcionar.

incertidumbre De momento la banca se mantiene al margen de lo que considera una disputa entre notarios. El sector es consciente de que alimentar la incertidumbre no ayuda al negocio, por lo que confía en que el tema se resuelva estos días y, sobre todo, pisa el acelerador para cerrar los créditos pendientes antes del día 16. La primavera y los primeros compases del verano es temporada crítica en el negocio hipotecario, con más volumen de operaciones que en el resto del año, por lo que la controversia llega en mal momento.

Desde Aeproser, la patronal de empresas dedicadas al BPO bancario (el sistema de pago digital entre entidades), hablan de “caos” y vaticinan una “congestión” de las hipotecas. Su presidente, Santiago Bellver, denuncia que desde el CGN se haya decidido implantar una única plataforma y advierte de que habrá retrasos en la firma de hipotecas con el consiguiente perjuicio para el cliente.

Lo normal es que un mismo apoderado bancario concentre varias firmas en los notarios de una misma zona para ganar tiempo, pero el nuevo sistema, adelanta Bellver, dificultará la coordinación. “El mismo apoderado va a tener dos firmas en dos notarías distintas a las 10 de la mañana, por ejemplo. En una ciudad tan grande como Madrid eso va a suponer importantes retrasos”, señala.

Gastos. El banco pagará el impuesto de Actos Jurídicos Documentos (AJD), las primeras copias del notario, los gastos del registro y los de la gestoría. El cliente pagará segundas copias del notario y gastos de tasación.

Cláusulas ‘suelo’ y comisiones. Se destierran las cláusulas ‘suelo’ y se reducen las comisiones por amortizar el crédito y por subrogar el préstamo, es decir, por cambiar de banco.

Embargos. Se modifican los requisitos para el embargo para reducir los desahucios. Así, se amplía a 12 cuotas impagadas y el 3% del capital la barrera para poder proceder al embargo en la primera mitad de la vida del préstamo. En la segunda mitad se pasa a 15 cuotas y el 7% del capital.

Más transparencia. Tras los abusos cometidos por la banca en los últimos años se intenta fomentar al máximo la información que llega al cliente. En esa línea se enmarca la obligación de acudir al notario 10 días antes de firmar la hipoteca para resolver posibles dudas.

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La Unión Europea pide una multa para España de 80 millones de euros por el retraso en la modificación de la normativa hipotecaria, pendiente desde 2016.